Este martes, la Asamblea Nacional discutió y aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, con la cual se busca prevenir los delitos cometidos desde las tecnologías de la información y la comunicación.
Las comisiones encargadas de consultar la Ley Especial de Ciberdelitos presentaron el dictamen de esta iniciativa, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico para la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas.
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La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional fueron las que participaron de la consulta, en un proceso en el que comparecieron la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduria General de la República, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, TELCOR, Ministerio de Gobernación y diversos representantes de los medios de comunicación.
"Una vez escuchadas todas las consideraciones, comentarios y aportes fueron valorados por los diputados (…) y fueron incorporados en este informe de consulta y dictamen", leyó la diputada María Auxiliadora Martínez Corrales, presidenta de la comisión de justicia, quien detalló que se tuvo un dictamen favorable para la iniciativa.
Posteriormente los diputados expresaron sus opiniones respecto a la iniciativa que busca penalizar, no la libertad de expresión, sino los delitos ciberneticos; particularmente: los fraudes electrónicos, robos de identidades, hackeos de cuentas y garantizar la seguridad de quienes son víctimas de amenazas de muerte, acoso sexual y exposición de la pornografía.
"Definitivamente estamos haciendo lo correcto. El parlamento está legislando para la seguridad de la nación y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas", expresó la vicepresidenta del Legislativo , diputada Maritza Espinales, quien dijo que la misma garantiza la ciberseguridad, pues se moderniza el marco jurídico nacional ante los delitos que impactan la vida cotidiana de las instituciones y familias.
"Queremos actualizar que no se cometan delitos a través de la tecnología, utilizando la tecnología", comentó el diputado José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, quien recordó que muchas noticias falsas, crímenes y amenazas han quedado plasmadas a través de las redes sociales, por lo cual el aprobarla respalda la integridad de las familias.
Esta iniciativa de Ley defiende los derechos sexuales de sectores vulnerables, penalizando la pornografia infantil y el acoso. La misma está en plena sintonia de la Carta Magna.
Mayor seguridad para la población
"Va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país", destacó el diputado Walmaro Gutiérrez, quien agregó sobre esta Ley que: "la herramienta cibernetica nos pone a un clic de distancia con Taipei, pero así de fácil me permite a mí delinquir en cualquier parte del mundo a la velocidad de la luz".
"No hay una sola palabra que tenga que ver con el tema de la libertad de expresión, es un derecho de las y los nicaragüenses, y eso lo dice la Constitución Política", agregó Gutiérrez, quien evocó la Carta Magna donde dice que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz.
Con 70 votos a favor, la mayoría de los diputados del parlamento aprobaron esta Ley Especial de Ciberdelitos.
"La verdad es que esta ley viene a tipificar y sancionar todos los delitos que se cometen utlilizando los medios informáticos y las tecnologías de información y comunicación, tales como fraude informático, violacion a seguridad de datos, transferencia de información", explicó el diputado Carlos Emilio López.
"Esta Ley viene a proteger los derechos contemplados en nuestra Constitución Política de las familias nicaragüenses (…) pero también viene a proteger los derechos económicos de las empresas privadas", argumentó el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada FSLN.
"El que no la debe, no la teme", añadió el parlamentario Edwin Castro, quien puntualizó que votar contra esta Ley es hacer apología del delito.
La misma entrará en vigencia una vez publicada en La Gaceta, diario oficial.
