Para los diputados sandinistas en Nicaragua, la Ley Especial de Ciberdelitos actualiza las normas nacionales y protege a las familias de los crímenes cibernéticos, estableciendo sanciones para quienes los cometen.
Los ciberdelitos son un tema en el que se ha venido legislando en el mundo desde hace muchos años y para Nicaragua era una materia pendiente; vacío legal que será corregido con la regulación de los delitos cibernéticos que establece la iniciativa especial presentada este miércoles en el Legislativo.
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“Incluso año con año, Naciones Unidas convoca a reuniones específicamente sobre ese tema (…) este es un tema que teníamos pendiente y hoy en día se ha presentado esta iniciativa por 70 diputados de la bancada sandinista”, dijo el diputado José Figueroa.
Esta iniciativa busca prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos en un ámbito muy amplio que se cometen contra el Estado o las familias.
“En el orden de la reputación de las personas, delitos de pornografía infantilLey de Delitos Cibernéticos”, expresó Figueroa en la Asamblea Nacional.
Mayor protección y seguridad
Además la iniciativa busca la protección de los sistemas informáticos de instituciones del Estado, así como del sistema bancario del país y entidades mixtas. Esta Ley está consonante con la convención internacional relacionada a la persecución de los ciberdelitos.
“En este sentido, Nicaragua no será el único país, Nicaragua no es la excepción, que está legislando para perseguir, para judicializar y para sancionar estos delitos. Existen leyes de esta naturaleza, de este tipo, en prácticamente todos los continentes del planeta”, comentó el diputado Carlos Emilio López.
La Ley establece sanciones de 2 a 10 años y puede haber agravantes que tengan que ver con graves violaciones a los derechos humanos, a la integridad personal y a la libertad sexual de sectores vulnerables de la población.
“Para manipular, para acosar, para chantajear, para violentar, para abusar sexualmente de mujeres, de niños, de niñas, de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Otro elemento que trae esta ley es el principio de legalidad y el principio de judicialización”, puntualizó el parlamentario.
Esto significa que las instituciones pueden intervenir equipos o sistemas informáticos que se estén utilizando para la comisión de ciberdelitos para recopilar pruebas y sancionar a quienes los están cometiendo.
