Diputadas de la Asamblea Nacional de Nicaragua a través de una reunión virtual con representantes de ONG's, expusieron sobre la ley de condena perpetua para crímenes de odio y la ley reguladora de agentes extranjeros.
Sobre la ley que busca modificar la legislación para reformar el artículo 37 de la Constitución política, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Maritza Espinales, refirió que desde el año “2007 comenzó la construcción de un país donde el eje principal es el ser humano, uno de los derechos fundamentales del ser humano es la educación y la salud”.
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En ese sentido el Gobierno ha desarrollado la educación y la salud, educación para la paz, creciendo en valores con un compromiso claro en la seguridad, fraternidad y paz de las familias nicaragüenses.
Destacó que debido a los acontecimientos que enlutaron a las familias en el intento de Golpe de Estado del 2018 y los asesinatos de mujeres, que incluyen dos embarazadas y dos niñas asesinadas atrozmente en Mulukukú, el presidente Daniel Ortega hace el llamado a la Asamblea Nacional, mandatando trabajar el anteproyecto de ley donde se retoma la ley de condena perpetua ante crímenes atroces con saña, desprecio e intolerancia.
La Asamblea Nacional cumple la facultad de reformar la constitución, artículo 37 que establece 30 años máximo de prisión.
Amplio respaldo popular
La legisladora destacó que la iniciativa cuenta con el apoyo de ciudadanos nicaragüenses encuestados en el más reciente sondeo de opinión sobre este tema en el que un 90 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la reforma que según lo explicado por la diputada Espinales, “lleva un proceso acompañado de educación y políticas públicas en el que las familias quieren avanzar de la violencia”.
Luego se procederá con una reforma al código penal para tipificar los crímenes de odio y cumplir de esta forma los convenios internacionales que el Gobierno ha suscrito.
La reforma además busca disuadir al hombre o mujer de ejercer el odio extremo e invita a las familias a trabajar en prevenir para no llegar a este castigo. Una decisión que tiene un proceso de análisis, luego de haber construido políticas públicas y de educación.
Cabe destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Estado de Nicaragua “prevalece la paz, hemos ratificado diferentes resoluciones que nos permiten construir un estado de paz y de seguridad, con esos elementos estamos trabajando con un proceso constitucional, según el artículo 191 tiene la facultad en dos legislaturas, ratificándose en el 2021 para continuar cumpliendo los compromisos con el pueblo, con la comunidad internacional, en políticas públicas”, finalizó la diputada Espinales.
Política de Estado para fortalecer la familia y la prevención de violencia
Por su parte la diputada Irma Dávila, presidenta de la comisión de la mujer y niñez; señaló que el “modelo cristiano, socialista y solidario ha priorizado la prevención y atención a la violencia, implementando leyes que se traducen a programas”. Además indicó que se mantiene el compromiso histórico de defensa de los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses.
Destacó que la reforma a la constitución es con el objetivo de ir “mejorando el marco normativo del código penal y contamos con política de Estado para fortalecer la familia y prevención de violencia, para ir modernizando y equiparando las penas de acuerdo a los delitos de crímenes de odio mediante el fortalecimiento de las instituciones con personal capacitado en violencia de género, modelo integral para las mujeres y niñez para prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia hacia mujeres y niños".
