Diputados sandinistas de la Asamblea Nacional respaldan el anteproyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, porque contribuye a fortalecer la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua ante toda injerencia extranjera.
Señalan que la moción es para impedir que Estados, entidades internacionales, agencias o grupos políticos interfieran en los asuntos internos de Nicaragua, protegiendo los intereses de las familias y de la nación.
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"En qué consiste la ley, la ley no es más que declarar la obligación de que toda persona jurídica o natural, sean asociaciones, organizaciones, partidos políticos etcétera, que reciban dinero provenientes de estados extranjeros o de partidos o de organizaciones vinculadas a estados extranjeros, tienen que inscribirse como agentes extranjeros y esto se hace para que los recursos que vienen hacia esas organizaciones no sean usados para realizar violaciones a la soberanía, a la democracia y que no ejerzan una injerencia política en el país que pueda provocar desestabilidad", destacó el diputado Wilfredo Navarro, Segundo Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
"Esta ley no afecta a personas naturales que reciban remesas familiares, esta ley no afecta a personas naturales jurídicas que inviertan en Nicaragua para generar empleo para generar productividad, no afecta tratados, convenios comerciales, productivos, industriales en Nicaragua que tengan con agentes económicos que contribuyen al desarrollo económico y social del país. Esta ley regula a las personas naturales jurídicas que reciban bienes activos capitales o donaciones con la finalidad de realizar actividades internas en el país", precisó el diputado Carlos Emilio López, de la Bancada del FSLN.
Regulación necesaria
Con esta iniciativa se va “establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
"Esta ley obliga a los agentes externos inscribirse en un registro que estará ubicado en el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación será la institución de Gobierno encargada de regular, administrar y recibir el registro de agentes externos y de aplicar sanciones. Los agentes externos que están registrados el Ministerio de Gobernación no podrán realizar actividades que atenten contra los intereses nacionales que desestabilicen el país, que genera el caos, que atenten contra los intereses del Estado. Va a haber una obligación de consultores políticos de comunicadores de agencias de publicidad o agentes publicitarios alrededor de esta ley", confirmó el parlamentario López.
"Es algo que está en el mundo de moda, en los Estados Unidos hay una ley bien dura que establece este tipo de los registros de los agentes extranjeros y en Europa igual, (…) No tiene que registrarse las empresas productivas comerciales extranjeras, tampoco tienen que registrarse si eso es una inversión extranjera que viene para generar recursos y desarrollo en el país, no tienen que registrarse las fábricas, las cadenas de supermercados que realizan actividades comerciales en el país. Tampoco y todo aquello que está vinculado a los acuerdos internacionales, comercio, tampoco, en general toda la inversión privada que viene a Nicaragua no tiene porqué registrarse por qué no tienen nada que ver", expuso Navarro.
De acuerdo a los diputados, la ley no genera impuestos, ni genera cargas económicas. También vinculada con la ley 977, regula la prohibición y establece sanciones para quienes realicen lavado de activos, financien el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
"Es decir, esta ley se conectará y se aplicará conjuntamente con la Ley 977. Nos viene a proteger del crimen organizado transnacional, todas aquellas acciones oscuras, ilícitas y criminales que entidades internacionales realizan para generar inestabilidad en los países o para golpear a las instituciones públicas", expuso Carlos López.
La ley es congruente con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que establecen los derechos de soberanía.
