El Juzgado de Instrucción de Málaga ha citado a declarar el 8 de febrero a cuatro farmacéuticos de Cantabria investigados por suministrar una fórmula magistral que, por error, contenía un crecepelo (minoxidil) en lugar de omeprazol, a bebés afectados de reflujo gastroesofágico.
El juzgado de Málaga también ha citado como investigados en la causa a representantes de la distribuidora farmacéutica Cofares y de la empresa PQCantabria, según fuentes jurídicas.
La causa por el suministro de minoxidil en lugar de omeprazol a bebés, a los que creció vello por el cuerpo, dio lugar en el verano de 2019 a la apertura de diligencias también en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega, que pidió inhibirse en favor del de Málaga, y eximió de responsabilidad a los farmacéuticos que prepararon la fórmula magistral. La inhibición del juzgado de Torrelavega fue recurrida y está pendiente de resolver por la Audiencia Provincial.
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El caso arrancó a finales de julio de 2019 cuando se conoció que familias de niños afectados de hipertricosis (exceso de vello) por el suministro de minoxidil en vez de omeprazol habían presentado una denuncia penal en los Juzgados de Torrelavega. La denuncia, planteada por el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio, se dirigía contra un laboratorio, empresas importadoras y distribuidoras de medicamentos y farmacias de Cantabria por fabricar, distribuir y vender un producto crecepelo que se les suministró por error a estos menores.
Entonces se apuntó que había una veintena de casos de pequeños afectados y no solo en Cantabria, sino también en Andalucía y la Comunidad Valenciana, y la Fiscalía de Málaga abrió diligencias el 29 de agosto de 2019.
"No tenían por qué saberlo"
La magistrada de Torrelavega entendió que no procedía investigar a los farmacéuticos, como se pedía en la denuncia de los afectados, porque, a su juicio, no tenían por qué saber si lo que había en la caja anunciado como un principio activo, con el que elaboraron la fórmula magistral, en realidad era otra cosa. "Si lo que al parecer fue que un concreto lote tenía un medicamento por otro, ni los pediatras que lo recetaron ni los farmacéuticos que elaboraron la suspensión, ya que se trataba de fabricarlo para niños de muy corta edad, tienen en principio conocimiento y voluntad de saber que lo que venga en una caja anunciado como un principio activo en realidad tenga un contenido diferente", señaló en un auto.
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La juez concluyó que no es exigible a los farmacéuticos que, de cada lote de medicamento que llegue a sus manos, "hagan un análisis químico para determinar si químicamente es una molécula u otra".
