El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Francisco Torrealba, afirmó que la Ley Antibloqueo, recién aprobada por ese órgano plenipotenciario, tiene el objetivo de garantizar el desarrollo nacional y los derechos humanos.
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Entrevistado por un canal de televisión privado, el constituyente venezolano resaltó que la Ley Antibloqueo también permitirá la protección de inversiones para generar riquezas e ir de nuevo hacia la recuperación del salario.
“Esta ley no es solo antibloqueo, sino también es para el desarrollo nacional, y para garantizar la protección de los derechos humanos de los venezolanos, que hoy están siendo vulnerados por el bloqueo, que ya alcanza características genocidas, que ha echado a andar el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.)”, manifestó.
La Ley Antibloqueo es para garantizar el desarrollo nacional y los DDHH, que han sido vulnerados por el bloqueo, con este marco jurídico, se hará frente a la situación irregular y a la agresión sistemática que han perpetrado a Venezuela. #VenezuelaGarantiaDeDDHH @NicolasMaduro pic.twitter.com/HJZVuDseMD
— Francisco Torrealba (@torrealbaf_) October 14, 2020
Torrealba subrayó que la norma permite dotar al Estado de un marco jurídico adecuado “para hacer frente a la situación anormal, irregular que tenemos”.
El constituyente expresó que Venezuela es asediada de forma permanente, es objeto de una agresión sistemática continuada, que ha causado mucho daño a todo el pueblo venezolano sin discriminación.
Pueblo venezolano sin discriminación
Dijo que el bloqueo, “aparte de ser una medida coercitiva unilateral injusta, está absolutamente divorciada, reñida con todo el marco jurídico internacional, y que nosotros estamos pidiendo simplemente que se levante”.
Torrealba precisó que la Ley Antibloqueo contempla la posibilidad de reservar la identidad de las potenciales empresas inversoras en el país suramericano.
De esta manera, las compañías extranjeras pueden invertir en Venezuela, sin temor a ser sancionadas por Estados Unidos, debido a una cláusula de “discrecionalidad” que ofrece este instrumento legal.
