Analizan plan de incursión marítima contra Venezuela

Autoridades y expertos venezolanos se reunieron, este jueves, en una mesa de trabajo para analizar desde diferentes aristas el plan de incursión marítima ocurrida el pasado 3 de mayo.

La vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez calificó el documento como un “adefesio jurídico”que pretendía instaurar en todo el país una guerra mercenaria y tercerizada que tiene claras conexiones con el Gobierno de EE.UU.

Rodríguez habló sobre las intenciones de anexión del diputado opositor Juan Guaidó del país a la jurisdicción de Estados Unidos. Sobre el tema señaló que el contrato está sujeto a las leyes del estado de Florida.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, la vicepresidenta recalcó que estas acciones poseen una dimensión muy peligrosa, al violentar la Carta de Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza y la coacción sobre estados soberanos.

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Sobre los hechos que antecedieron a la incursión marítima, Rodríguez detalló que el contrato se firmó en octubre de 2019. Luego, en febrero, ocurrió la reunión de Guaidó con Trump en la Casa Blanca, donde también se encontró con Goudreau. Más tarde, apareció la acusación del fiscal de EE.UU. contra el Gobierno bolivariano.

“Está completamente hilado en el tiempo la preparación para cometer este crimen y la agresión contra Venezuela”, dijo Delcy Rodríguez.

Por su parte, la primera combatiente de la República Bolivariana, la abogada Cilia Flores, también hizo énfasis en las condiciones del contrato. “La agresión, la acción es contra el Gobierno, contra militares y civiles. Incluso contra propiedades”, detalló.

Sobre el alcance del documento, enfatizó que las acciones no sólo estaban encaminadas al actual presidente, sino que “venían a acabar con el chavismo, o todo lo que se acerque al chavismo iba a ser objeto de agresión porque iban a ser personas hostiles; lo establecen ellos aquí”.

En el análisis de los elementos jurídicos, Flores hizo hincapié en el establecimiento de la impunidad para que esos agentes, que mediante el acuerdo podían incluso tomar el control del sistema de justicia venezolano.

Además, señaló que los invasores venían por un botín. El contrato disponía que podían hacerse de objetos de valor saqueados en suelo venezolano. “Por las riquezas de Venezuela iban a a cobrar ellos el 14 por ciento de intereses”, detalló.

“Esta era la entrega de nuestra soberanía (…) entregar a Venezuela para que se convirtiera en una colonia de Estados Unidos”, agregó.

Sobre el contrato firmado por Juan Guaidó y Jordan Goudreau, el historiador y abogado Luis Britto García señaló que el mismo tiene un objeto ilícito, que es el asesinato de una persona. De incumplirse, sería imposible para un juez exigir el cumplimiento de la cláusula.

Además, resalta la irregularidad en los pagos, no sólo porque se realizaron con dinero robado al Estado de Venezuela, sino porque se tasa en dólares. “Eso no es válido a menos que paute el posible equivalente en moneda nacional”.

Britto enfatizó que a diferencia del acta de persecución del procurador de los EE.UU. que ordena la captura de las autoridades venezolanas, el firmado por Guaidó expresa la eliminación física.

“Es uno de los documentos más infames de la historia de Venezuela”, puntualizó Britto García.

Se fortalece la unión cívico-militar

Por su parte, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López resaltó  la fortaleza de la unión cívico-militar y el esquema defensivo del país, fundamental para la respuesta otorgada a la incursión.

Aseguró que el propósito del plan era convertir al país en una plataforma para el poder financiero de los Estados Unidos. “Sabemos que el narcotráfico es un eslabón importante para ese poder financiero”, dijo.

Padrino López también se refirió a las rutas del narcotráfico que abrió EE.UU. durante el conflicto de Vietnam, Nicaragua y Panamá por lo que deseaban hacer lo mismo con el país.

Además, señaló que el movimiento naval reciente cerca de las costas bolivarianas fue una cortina de humo para desviar la atención.

“Fue una operación militar muy bien planificada, preparada en territorio extranjero, con financiamiento extranjero, con equipamiento suministrado por potencias como EE.UU. y el mismo Gobierno de Colombia; con la protección de ese Gobierno y tenía sus objetivos muy bien detallados”, destacó.

Agregó que se han capturado tratando de ingresar por la frontera con Colombia a 39 desertores de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que al parecer venían a cumplir objetivos por vía terrestre.

Destacó el sentimiento de rechazo por parte de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al mencionado contrato, a la vez que resaltó el fortalecimiento de los aparatos de inteligencia de la nación ante las agresiones.

“Es importante que desde el punto de vista de la defensa el pueblo de Venezuela, la comunidad internacional, los enemigos de la Patria sepan que se ha construido un sistema de defensa inexpugnable”, aseveró.

“Rechazamos categóricamente este contrato, si se puede llamar contrato (…) ¿Hay alguien (..) que pueda pretender imaginarse que los soldados de la patria se puedan subordinar a un mercenario?”, insistió el ministro, informó Telesur.