Este jueves en la Asamblea Nacional fueron presentadas dos importantes iniciativas de Ley, las cuales fueron remitidas a las respectivas comisiones para ser analizadas.
En el hemiciclo fue presentada la iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. Esta iniciativa tiene que ver con ampliar el plazo de presentación de acusaciones basadas en investigaciones preparatorias, técnicas y científicas, para el ejercicio de la acción penal, que en el caso de nuestro país es de 48 horas.
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“Lo que limita realizar una investigación exhaustiva, que permita recopilar información y elementos de prueba que sustenten objetivamente el ejercicio de la acción penal, respetando la presunción de inocencia y el derecho de defensa”, manifestó el tercer secretario de la Asamblea Nacional, diputado Alejandro Mejía Ferreti.
En la exposición de motivos se plantea que el ejercicio de la acción penal requiere de plazos que permitan agotar todos los pasos de una investigación que cumpla con todas las formalidades, garantías y soportes probatorios para la presentación de una acusación. Esta iniciativa fue Remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su debido dictamen.
Otros asuntos discutidos en plenario
También en el Parlamento se presentó un anteproyecto promovido por la Bancada FSLN para Reformar y Adicionar a la Ley 842, Ley de Protección a las Personas Consumidoras y Usuarias, artículos de un capítulo directamente vinculado con los usuarios de servicios financieros.
“En este sentido, el Estado debe promover políticas para realizar una efectiva protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y garantizar el control de calidad de bienes y servicios y la disponibilidad de éstos”, dijo el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de este poder del Estado.
Entre otras cosas, esta iniciativa propone incluir en el concepto de personas consumidoras al Estado y sus instituciones, así como ampliar el concepto de servicios básicos y servicios financieros e incluir al Banco Central como ente regulador.
“Segundo, fortalecer la relación proveedores-consumidores-usuarios, en el sentido que los primeros deben atender las solicitudes de contratación u operativas que gestionen éstos últimos”, agregó Navarro.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Economía para su análisis, consulta y presentación de dictamen.
