En la sesión de este miércoles, la Comisión de Producción y Economía de la Asamblea Nacional, presentó ante el hemiciclo el dictamen de la iniciativa de Reformas y Adición a la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Con amplia mayoría parlamentaria fue aprobada esta iniciativa, cuyo objetivo es afianzar las garantías de las familias, con una mayor y mejor protección en el acceso a los bienes y servicios, al ser éstos un derecho humano reconocido por el Estado de Nicaragua, anteponiendo los principios de igualdad y no discriminación.
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"Estas disposiciones procuran el bienestar y el desarrollo humano de los nicaragüenses a través de la promoción de políticas que garanticen una efectiva protección de los derechos humanos fundamentales, siendo los derechos de las personas Consumidoras y Usuarias en las relaciones económicas y de comercio, uno de los derechos fundamentales que gozan de preponderancia en nuestro Estado Social de Derecho", dijo el vicepresidente de la Comisión de Economía, diputado José Figueroa.
La Ley busca dar mayor protección a la parte más vulnerable de las relaciones comerciales y económicas que son los usuarios, por lo que en esta iniciativa el Estado y sus instituciones se convierten en consumidores para ser garantes en la prestación de los bienes y servicios básicos, particularmente los servicios financieros.
“A fin de que ofrezcan sus bienes o presten sus servicios a las personas consumidoras y usuarias sin discriminación alguna, además les prohíbe negar sin causa legal o justificada, la atención de solicitudes a la cancelación de contratos o transacciones gestionadas y solicitadas de manera legítima", expresó el Diputado Mario José Asensio, jefe de la Bancada de Unidad Liberal.
"Reafirma que el Estado es protector, es un Estado que defiende, es un Estado que reafirma que aquí como lo dice la Constitución, nadie puede ser marginado por ninguna condición: ni política, ni de raza, ni de religión, ni de culto y estamos protegiendo al consumidor de cualquier abuso, de cualquier relación desigual que exista entre el proveedor y el consumidor", agregó el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobernación, Paz, Defensa y Derechos Humanos.
Con esta herramienta jurídica se faculta que los usuarios de los diversos servicios financieros puedan recurrir en la vía administrativa a revisión, en caso de sentir que sus derechos fueron violentados o que hubo algún tipo de discriminación. Por ejemplo: las personas o instituciones que han sido objeto de sanciones con criterios políticos por entidades extranjeras.
En contra del abuso de empresas
“Lo que se está pidiendo en esta iniciativa y reforma a la ley de los consumidores es respeto al consumidor y al cliente, por parte de todas las empresas; obviamente aquí los bancos han pegado el brinco, pero aquí va todo lo que es usuarios, lo que es servicio, porque efectivamente hay un abuso de las empresas. Ellos te pueden cortar en cualquier momento, pero vos no podes cortar, inclusive te penalizan si querés pagar por adelantado un préstamo que vos le solicitaste”, valoró el diputado José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Medios de Comunicación.
Esta Ley lo que persigue es que planteamientos de cobertura general para todos los consumidores, sean parte de las disposiciones para los usuarios de servicios financieros para evitar la manipulación o discriminación, por ejemplo; el ser notificado sobre una decisión de negativa o cancelación de un servicio financiero.
"Somos enemigos del abuso, de la arbitrariedad, de la manipulación, de todas las barbaridades que se comenten contra el consumidor y el usuario de este país, peor aún llegan al extremo (las instituciones financieras) de rebasar a la persona con la cual están desarrollando negocios y le aplican una cancelación y se llevan a su papá, a su mamá, a su tío, a su primo, a su pariente y al que le parezca que está vinculado con esa persona", puntualizó el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión de economía y presupuesto.
Esta reforma respeta los acuerdos internacionales en el marco del combate de la narcoactividad, del crimen organizado y el blanqueo de capitales. Pero también pone freno a los abusos que empresas han venido aplicando contra los consumidores y usuarios de los servicios financieros.
