El gobierno de México dijo este lunes que el caso de tres altos funcionarios investigados por robo de combustible ya está en manos del poder judicial, al anunciar avances en la estrategia contra este delito que ha provocado desabastecimiento y descontento en el país.
"Ya se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de (la petrolera estatal) Pemex (…) que estaban a cargo del manejo de los ductos", dijo en conferencia de prensa el fiscal general Alejandro Gertz, sin precisar su identidad.
Agregó que se aguarda la fecha para una primera audiencia y la selección del juez que estará a cargo del proceso.
Gertz destacó que se han abierto 1.700 expedientes de investigación por robo de hidrocarburos y que se han recuperado 4,5 millones de barriles de gasolina desde que se lanzó el plan en los últimos días de 2018.
Se investiga también a cinco personas por delito de lavado de dinero relacionado al robo de gasolinas, señalados en el marco de pesquisas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda, en coordinación con autoridades tributarias y de seguridad.
"Estamos en presencia de empresarios pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal", relacionados con la propiedad de gasolineras y la comercialización de combustible robado, dijo Santiago Nieto, jefe de la UIF.
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A finales de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para detener el robo de combustible, delito conocido en México como 'huachicoleo', que en 2017 ocasionó pérdidas por 60.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares).
#ConferenciaPresidente | Seguimos adelante combatiendo el robo de combustible y la corrupción en @Pemex
El Ejército, la Marina y la Policía Federal están respaldando el #PlanVsHuachicoleo — Hay vigilancia. Se restableció el ducto Tuxpan-Azcapotzalco y ya está trabajando normal. pic.twitter.com/fObcfa5dlV
— Gobierno de México (@GobiernoMX) January 14, 2019
El plan implica la vigilancia por parte de las fuerzas armadas de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza.
La estrategia también incluyó cerrar los ductos que transportan la gasolina y trasladar el combustible en camiones cisterna, lo que ha generado retrasos de distribución y largas filas de automovilistas en las gasolineras.
El mandatario ha pedido tranquilidad a la población y ha prometido que el abasto de gasolina se va a normalizar.
López Obrador dijo este lunes que pedirá explicaciones a las empresas privadas de por qué no han importado gasolinas como lo permitió la reforma energética de 2013, que acabó con más de 70 años de monopolio estatal en ese sector.
"Queremos hablar con los poseedores de estos permisos de importación para saber por qué no se han llevado a cabo las importaciones autorizadas a particulares", dijo el presidente, quien ha sido un severo crítico de la reforma, aprobada por su predecesor Enrique Peña Nieto.
"No se utilizan los permisos y sólo se está importando (por privados) el 5% de combustible que se consume en el país", agregó.
