Bogotá, 16 feb (EFE).- Un juez colombiano envió a la cárcel a dos hombres que supuestamente participaron en el asesinato del líder social Jorge Luis Solano Vega, perpetrado el 3 de noviembre de 2020 en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, informó este martes la Fiscalía.
El Juzgado Primero Ambulante de Cúcuta, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Daniel Pinzón Ramírez y Luis López Delgado.
Están acusados de los "delitos de homicidio agravado, en calidad de coautores; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado", detalló la Fiscalía en un comunicado.
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Pinzón y López fueron capturados en las poblaciones nortesantandereanas de Convención y Ocaña, en desarrollo de una operación realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército.
Las investigaciones indican que los dos hombres participaron en el crimen y recibieron 40 millones de pesos (unos 11.500 dólares de hoy) a cambio.
Supuestamente Pinzón contrató a los autores materiales del asesinato. Por su parte, López habría realizado la vigilancia a la víctima días antes y durante el hecho.
Solano fue asesinado en su propia casa, ubicada en el barrio Miraflores de Ocaña, y su homicidio generó una ola de rechazo en el país dado que el defensor había denunciado ser víctima de amenazas.
Por el homicidio de Solano, presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, está en la cárcel Jhon Freddy Espinosa Álvarez, alias "el Burro", quien fue imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.
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La ONG Human Right Watch (HRW) denunció en un informe la semana pasada la inacción del Gobierno colombiano ante los asesinatos de defensores de derechos humanos.
HRW resaltó la labor de la Fiscalía y los juzgados por investigar estos casos, en los que se han logrado hasta la fecha 57 condenas y se han emitido 200 órdenes de captura para 421 asesinatos de líderes sociales, según datos de la ONU desde noviembre de 2016, cuando se firmó la paz con las FARC.
