El FBI planea extender su red de vigilancia incluso a ordenadores en el extranjero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado modificar una norma legislativa con el objetivo de permitir que el FBI pueda realizar registros electrónicos independientemente de la ubicación física de la computadora.

Funcionarios del Gobierno estadounidense están tratando de ampliar los límites de sus competencias con el objetivo de poder ‘hackear’ y localizar computadoras mediante la enmienda de una norma federal que regula cómo los jueces pueden aprobar éstas órdenes de búsqueda, informa el portal NextGov.

Así, el Departamento de Justicia ha solicitado a un comité asesor judicial que modifique la ley, llamada ‘regla 41’, que especifica que las autoridades judiciales pueden emitir este tipo de órdenes de registro informático únicamente si la computadora en cuestión se encuentra dentro de su distrito judicial.

De esta forma, el objetivo de esta petición es que el FBI pueda monitorear y realizar vigilancia electrónica para encontrar y buscar contenidos de un ordenador, independientemente de su ubicación física, incluso si el dispositivo se encuentra en el extranjero.

Expertos tecnológicos y grupos de defensa de libertades civiles han mostrado su descontento este miércoles y se han opuesto de plano a esta propuesta de cambio legislativo, afirmando que violaría la Cuarta Enmienda que protege a los estadounidenses de «búsqueda inaceptables» por parte del Gobierno.

Además, apuntan que esto podría acarrear graves consecuencias a las relaciones internacionales estadounidenses, ya que, en el caso de que se apruebe, se violaría la soberanía de los países extranjeros.

En las últimas semanas, el FBI ha lanzado una agresiva campaña para preservar y, en algunos casos, ampliar sus capacidades en cuanto a vigilancia electrónica. James Comey, director del servicio de inteligencia interno estadounidense, ha advertido que las potentes protecciones de cifrado de los smartphones de Apple y Google podrían bloquear el acceso a los agentes que tratan de rastrear presuntos terroristas y delincuentes vinculados con la pornografía infantil.