El presidente Salvador Sánchez Cerén pidió el lunes un proceso transparente en el juicio al sacerdote español Antonio Rodríguez López-Tercero, quien enfrenta cargos de agrupación ilícita con cabecillas de las pandillas de El Salvador y de ingresar objetos prohibidos a cárceles.
El sacerdote pasionista, conocido como el padre Toño, enfrenta dos juicios por los cargos de tráfico de influencias, ingreso de ilícitos a centros penales y agrupaciones ilícitas. En el primer proceso le impusieron la prohibición de salir del país, ingerir bebidas alcohólicas y de reunirse con pandilleros, entre otras, y en el segundo se le decretó detención provisional.
El sacerdote fue enviado a los calabozos de la Dirección de Investigaciones Criminales, pero el fin de semana anterior fue internado en un hospital privado debido a problemas debido a problemas de hipertensión y diabetes. «Yo me uno a todas las voces que están pidiendo que sea un proceso transparente, que sea un proceso basado en información firme», dijo al mandatario en conferencia de prensa.
Además espera que las investigaciones «también se hayan hecho con mucha eficiencia y que se garantice un proceso rápido».
Sánchez Cerén, quien asegura conocer el trabajo del cura, dijo que desea que todos los señalamientos planteados sean aclarados y «el padre Toño pueda recuperar su libertad o se le den algunas medidas que se le puedan aplicar dado el nivel de acusaciones que se está haciendo contra él».
Según la Fiscalía, el religioso pidió a las autoridades de Centros Penales que bajaran la intensidad en el bloqueo de las señales a teléfonos celulares en las cárceles, desde donde supuestamente se hacían las extorsiones. Además, gestionó el traslado de pandilleros de una cárcel de máxima seguridad a otro centro penitenciario. También se le acusa de introducir celulares, televisores, reproductores de televisión, joyas y otros objetos prohibidos a las cárceles, pero los defensores dijeron que no se han presentado pruebas que lo confirmen.
De acuerdo con los abogados defensores, la Fiscalía General ha hecho un manoseo del proceso judicial. Dicen que el sacerdote es víctima de una persecución por sus críticas a las políticas de seguridad y anunciaron que apelarán la resolución que dictó prisión preventiva para Rodríguez, y pedirán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras considerar su captura como un caso de persecución política.
SAN SALVADOR, (AP)
