Miles de personas protestaron en Paraguay contra la denominada Ley de Alianza Público-Privada a la que califican de «privatizadora». Según la politóloga Magdalena López, la normativa solo beneficia a la reducida clase política y no al pueblo.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Horacio Cartes, busca, según la tesis oficial, facilitar la inversión privada en obras de infraestructuras y servicios públicos del país.
«Este proyecto es un instrumento fundamental para que Paraguay despegue», afirmó el diputado Ramón Romero, quien apoya la ley, según AFP.
Sin embargo, representantes de varios sectores de la sociedad sostienen que la normativa solo permitirá saquear a las empresas estatales. Según el partido Frente Grande, liderado por el expresidente izquierdista Fernando Lugo, «Cartes hará negocios a su gusto con nuestras riquezas».
A raíz de la aprobación de la polémica ley, se convocaron movilizaciones en distintos puntos del país, donde además de estudiantes y campesinos, participaron miles de funcionarios públicos, docentes y sindicalistas. La Policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes en las cercanías de la sede del Congreso en Asunción, informó Europa Press.
De acuerdo con la politóloga Magdalena López, la decisión únicamente favorece a la clase política. El Estado paraguayo, señaló, ha estado ausente en numerosas tareas vinculadas a la inversión social.
En su opinión, «el fin no es mejorar los servicios que presta el Estado paraguayo a la sociedad», sino «profundizar en una decisión de política económica neoliberal».
«Los beneficiados serán los pequeños grupos concentrados de poder económico y la pequeña clase política que tiene la posibilidad de negociar con estos grupos económicos», afirmó López en RT.
