El gobierno español tramita en el parlamento la aprobación de privilegios ante la justicia para Juan Carlos I, sobre quien recaen dos denuncias rechazadas antes debido a su inviolabilidad como monarca.
Partidos de la Izquierda sostienen que dichos trámites se efectúan de manera apresurada para darle inmunidad al rey que abdicó el pasado día 2 de junio en favor de su hijo, proclamado ya con el nombre de Felipe VI.
La intención es amparar con fueros especiales a Juan Carlos I, ahora que no es rey ante la justicia.
El llamado aforamiento establece que cualquier imputación sólo podría procesarla el Tribunal Supremo, variante impugnada por la oposición con el argumento de que Juan Carlos ya no desempeña cargo público.
El lunes, la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso rechazó un recurso del grupo parlamentario encabezado por Izquierda Unida (IU) contra la tramitación de los privilegios.
La Izquierda considera improcedente la presentación de la solicitud de aforamiento penal y civil de Juan Carlos, la reina consorte y los príncipes de Asturias como enmienda a una ley en discusión sin relación con el tema.
Aunque esos argumentos fueron compartidos por el Partido Socialista Obrero Español, que adelantó se abstendrá en la votación de las enmiendas, la propuesta fue rechazada con los votos del PP.
La celeridad para otorgar los privilegios, en opinión de fuerzas opositoras, se debe a la existencia de dos denuncias contra Juan Carlos, una por su participación en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y otra por una demanda de paternidad.
