Los mensajes insultantes publicados en los últimos días en las redes sociales a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, han avivado el debate en España sobre los límites de la libertad de expresión en Internet.
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció este martes que va a iniciar una investigación con el Ministerio de Justicia para determinar si es posible considerar estos mensajes como un delito y cómo establecer las leyes que persigan este tipo de comportamientos en Internet, informa el portal 20minutos.
«Entendemos que esas conductas, en la medida en que incitan al odio, deben ser perseguidas; por eso vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho de información con el derecho de los ciudadanos a su honor, intimidad y seguridad», apuntó el titular de Interior.
El político opina que todos los que hacen «apología del delito» e «incitan al odio»; deben tener un «reproche penal».
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apoyando la idea de Fernández Díaz, denunció que «lo que hay que estudiar es, si además de ese reproche ético y político, algunos de esos comentarios pueden tener consecuencias jurídicas como consecuencia de haber vulnerado la legislación».
Al mismo tiempo, algunos expertos dicen que no nace falta elaborar nuevas leyes porque la legislación española ya tiene «una respuesta suficiente». Joaquim Bosch, el portavoz de Jueces para la Democracia (una asociación profesional de jueces españoles), explica que lo único que debe hacer el gobierno es determinar si estos comentarios son solo «expresiones malsonantes» o constituyen una falta o un delito.
Otro experto, Sergio Carrasco, abogado y cofundador de Derecho en Red, dice que «las redes sociales no son ajenas a las leyes, todo el ordenamiento vigente es aplicable».
La presidenta del Partido Popular de León, Isabel Carrasco, fue asesinada a tiros el 12 de mayo cerca de su domicilio, pero las autoridades empezaron discutir sobre la limitación de la libertad de expresión en las redes sociales a principios de este mismo mes, cuando la Guardia Civil detuvo a una veintena de personas en varias comunidades autónomas que animaban a ETA desde sus perfiles en las redes sociales a regresar a la lucha armada y a la realización de atentados. Los detenidos están acusados de enaltecimiento del terrorismo.
