El presidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó este sábado el fallo da la justicia en Estados Unidos en favor de la empresa petrolera Chevron y aseguró que el mismo atenta contra la soberanía de su país.
«Acabar con la soberanía de un país, eso es lo que está haciendo este juez Kaplan (quien lleva el caso en EE.UU.), que desde el principio mostró un gran sesgo por el capital» sentenció Correa este sábado durante su informe semanal sobre la gestión de gobierno.
«Qué indignación compañeros hasta dónde llega la prepotencia, ojalá entendamos lo grave que es esto. Un juez en Nueva York deja sin efectos una sentencia de tribunales ecuatorianos, con base en un testigo que es juez corrupto que vive en Estados Unidos pagado por la petrolera y mantenido» denunció el jefe de Estado.
La sentencia emitida por el juez Kaplan reza que el abogado neoyorquino Steven Donziger y sus pares ecuatorianos presentaron «evidencia fraudulenta», «redactaron la sentencia del Lago Agrio y prometieron al juez ecuatoriano 500 mil dólares para que se pronunciara a su favor y firmara el fallo».
«No hay ninguna prueba de soborno, no hay ninguna prueba de que el presidente haya intervenido» destacó Correa, en relación con el proceso judicial llevado a cabo en Ecuador, donde se condenó a la empresa estadounidense a pagar nueve mil millones de dólares en indemnización por daños ambientales durante su actividad en ese país.
La defensa del Estado ecuatoriano informó que la sentencia será apelada. A su vez, representantes del país realizan una campaña internacional para dar a conocer los detalles del caso; cuyo proceso de demanda comenzó en el año 2009.
Por su parte, el portavoz de Chevron, James Craig, señaló que «El fallo será un respaldo a la demanda de arbitraje presentada por Chevron en La Haya por denegación de la justicia».
La empresa estadounidense busca que el Estado ecuatoriano se haga responsable de la indemnización, al asegurar que su filial (Texaco) no es responsable de la contaminación ambiental durante su estancia en la Amazonia, entre 1964 y 1990. En ese sentido responsabiliza a la empresa estatal Petroecuador, con la que mantuvo una alianza durante ese lapso de tiempo para operar el consorcio.
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