El gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, transfirió al ámbito de responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de intervenir teléfonos con fines de inteligencia. La información fue difundida hoy por el Boletín Oficial.
La publicación dio a conocer el decreto 256-2015A, mismo que transfiere a la CSJ por parte del Ejecutivo el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom).
La CSJ podrá intervenir llamadas telefónicas en la investigación de distintos delitos, facultad que estuvo a cargo de la Secretaría de Inteligencia -ahora Agencia Federal de Investigaciones- y luego de la Procuraduría de la Nación.
El tema siempre ha sido polémico en el país sudamericano, ya que la tarea de intervenir teléfonos se presta a arbitrariedades.
El órgano de Justicia será el único del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones autorizadas u ordenadas por la autoridad competente.
Dicha facultad se basa en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, que establecen los alcances de la garantía de inviolabilidad en las comunicaciones.
Según la normativa, la intervención en las comunicaciones solamente se ejecutará «sujetando la intromisión a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada».
