La justicia de EE.UU. ha obligado al condado de Hidalgo y a la ciudad de Deming, en Nuevo México, a pagar una compensación de 1,6 millones de dólares al residente local David Eckert por haber sido sometido a pruebas policiales ilegales.
Eckert fue detenido en Deming en enero del año pasado por una infracción menor de las normas de tráfico, pero los policías sospecharon que estaba transportando drogas. Un perro antidroga registró su vehículo y olfateó algo en su asiento, pero los agentes no encontraron nada y sospecharon que el hombre llevaba la droga oculta en el interior de su cuerpo, por lo que formalizaron una orden de registro físico.
Los agentes lo llevaron a un hospital local, pero como el médico se negó a hacer el registro, apelando violaciones éticas, a Eckert lo trasladaron a la clínica del vecino condado de Hidalgo. Una vez allí, lo sometieron a numerosos exámenes anales y otras pruebas médicas invasivas, pero no encontraron nada. En total, el hombre sufrió contra su voluntad dos exámenes rectales, tres enemas y una colonoscopia.
«Médicamente fue poco ético e inconstitucional», recalca el abogado de Eckert, Shannon Kennedy, ante la agencia de noticias Associated Press. Durante el juicio, la defensa logró probar que los derechos del acusado habían sido la violados, ya que no le permitieron hacer una llamada desde la comisaría y la orden de registro físico fue válida solo para el condado de Luna donde se encuentra Deming, mientras que fue sometido a las pruebas en otro condado.