La libertad del Reino Unido para enfrentar el cambio climático o proteger a los consumidores podría quedar en peligro por un tratado de libre comercio que están negociando Europa y EE.UU., según han advertido los parlamentarios y grupos de presión.
En virtud de un borrador de proyecto apoyado por la Comisión Europea, a las empresas multinacionales se les darían amplios poderes para demandar a los gobiernos de la UE que han adoptado políticas públicas que se consideran «discriminatorias» contra el libre comercio.
Los activistas advierten que acuerdos comerciales similares en otras partes del mundo han dado lugar a que los países sean demandados por adoptar políticas para el bien público tales como las medidas contra el tabaco por considerarlas perjudiciales para las inversiones extranjeras.
Este es el caso de Australia, que actualmente está siendo demandada por Philip Morris por la introducción de los paquetes de cigarrillos sin formato, y Canadá, que está siendo demandada por la empresa de drogas estadounidense Eli Lilly por revocar las patentes de los medicamentos con el argumento de que sus beneficios pueden haber sido exagerados.
Es difícil ver cómo esto no va a poner en grave peligro la soberanía del Gobierno del Reino Unido y su sistema legal
Zac Goldsmith, un diputado británico conservador, le dijo a ‘The Independent’ que «es difícil ver cómo esto no va a poner en grave peligro la soberanía del Gobierno del Reino Unido y su sistema legal», ya que las disputas entre las empresas y los legisladores «siempre deberán ser tratadas por los tribunales británicos».
Más de 200 organizaciones de toda la UE, incluidas Greenpeace y War on Want, han escrito una carta conjunta a los negociadores del tratado de libre comercio entre Europa y EE.UU. para exigir que se retire la solución de controversias entre inversionistas y el Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) del proceso del tratado final.
«La ISDS es una calle de una sola vía en la que las empresas pueden cuestionar las políticas del Gobierno, pero ni los Gobiernos ni los individuos tienen derechos comparables para responsabilizar a las empresas para que rindan cuentas», reza la carta de protesta enviada por las organizaciones europeas.
