La justicia colombiana los había acusado de haber orquestado acciones ilegales para asegurar la reelección del expresidente. El periodista y corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo informó este miércoles sobre la condena de tres altos funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, por parte de la Corte Suprema de Justicia de ese país suramericano, los cuales se suman a la larga lista de implicados por casos de corrupción, paramilitarismo, narcotráfico y otros delitos graves.
Se trata de dos exministros, el de Interior Sabas Pretelt y de Salud Diego Palacio. Igualmente del secretario de la Presidencia durante el gobierno de Uribe, Alberto Velásquez, tras haber maniobrado cargos para asegurar la reelección del entonces mandatario. La Corte Suprema de Justicia condenó a Sabas Pretelt y a Diego Palacio a seis años y 112 meses de inhabilidad, y para el exsecretario Alberto Velásquez dictaminaron una pena de cinco años y una inhabilidad de 84 meses, reportó Semana.
La máxima justicia de Colombia ordenó la captura de los tres exfuncionarios por el peso de los delitos cometidos. Hasta ahora se desconocen los centros de reclusión a los cuales serán enviados los condenados. La Corte no trasladó copias de su sentencia a ningún otro organismo para investigar al expresidente Uribe porque ya hay una averiguación abierta por estos delitos en la Comisión de Acusaciónes de la Cámara.
En la nota explicaron las causas del por qué surgió esta situación, en la que indicaron que viene de las declaraciones de varios testigos, al sostener que recibieron beneficios del gobierno de Uribe. Los funcionarios involucrados en el escándalo político son los excogresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, que obtuvieron notarías, entre otros cargos, por haber votado la reelección presidencial.
Ante las acciones que dejan en entredicho la presidencia de Álvaro Uribe, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño fueron culpados por el delito de cohecho (dar u ofrecer) y sirvieron como testigos principales de los exfuncionarios. En el artículo aseguraron que Medina afirmó en repetidas ocasiones que Sabas Pretelt fue quien organizó la entrega de las notarías. Por su parte, Pretelt negó categóricamente la cuestión. De hecho recientemente, Pretelt se dirigió a varios medios de comunicación explicando no estar implicado en la denuncia. Semana tildó el silencio de Palacio y Velásquez de prudente durante casi todo el tiempo de la investigación.
Capturan al exministro Palacio La noche de este miércoles , el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia efectuó la primera captura del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años y medio de prisión por su vinculación en el delito de cohecho por dar u ofrecer prebendas a excongresistas para que votaran por la reelección presidencial del gobierno de Álvaro Uribe, reseñó Semana.
El hecho ocurrió en la calle 81 con carrera octava en el norte de Bogotá, específicamente en su residencia donde efectivos del CTI trasladaron a Palacio bajo rigurosas medidas de seguridad al búnker de la Fiscalía General, sitio donde pasará su primer día tras las rejas mientras se define el centro donde será recluído, publicó El Espectador.
Horas más tarde el exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega se entregó ante funcionarios de la Fiscalía en Cartagena. La resolución de la Corte comprobó que el exministro Palacio había contratado a Vania Constanza Castro Varona, nuera de Teodolindo Avendaño (excongresista que negoció su voto para aprobar la reelección de Uribe) para encargarse de Foncolpuertos en Cali (capital del Valle del Cauca), así como el ofrecimiento de una notaría que un año más tarde le entregó Sabas Pretelt a Avendaño, precisó Semana. En ese orden señalaron el ofrecimiento de la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja a Yidis Medina, donde fue nombrado el ingeniero químico Carlos Correa Mosquera.
Los tres acusados concluye la Corte actuaron mancomunadamente, guiados por el mismo propósito: procurar disipar el quorum de los 18 congresistas que apoyaban la solicitud de archivo, y prevalidos de su condición de miembros del equipo de Gobierno y conocedores del interés que el Presidente de la República tenía en que la reelección presidencial cumpliera satisfactoriamente el trámite legislativo en el Congreso, le hicieron ofrecimientos a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño de los cargos que podían estar disponibles, para asignárselos en pago, a la primera, con el fin de realizar un acto contrario a sus funciones y, al segundo, para que lo omitiera.
