El juez chileno Mario Carroza, a cargo de la investigación para aclarar las causas de la muerte de Pablo Neruda (1904-1973), fijó la devolución de los restos del poeta, que fueron exhumados en 2013, para el próximo 27 de abril.
Según informaron hoy fuentes judiciales, la devolución de los restos iba a hacerse el próximo 8 de abril, pero Carroza la pospuso, tras haber acogido de forma parcial unos recursos presentados por la familia y el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, querellantes en la causa.
La resolución de Carroza fue notificada al Servicio Médico Legal (SML), al Consejo de Monumentos Nacionales, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Fundación Pablo Neruda, con el fin de que adopten las medidas que para cada caso se requieran en cumplimiento de la diligencia.
La investigación se inició en 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Partido Comunista de Chile, quien tomó en cuenta unas afirmaciones de Manuel Araya, antiguo chófer de Neruda, a la revista mexicana Proceso.
Araya dijo que el poeta había sido envenenado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet mediante una inyección que le fue suministrada en la clínica en la que estaba ingresado.
Según la versión oficial, la muerte se produjo a causa de un cáncer de próstata.
Los restos del ganador del Premio Nobel de Literatura 1971 fueron exhumados el 8 de abril de 2013 en la Casa Museo de Isla Negra, localidad del litoral central chileno, a unos 120 kilómetros al suroeste de Santiago.
En noviembre de 2013 el grupo de expertos chilenos y extranjeros que realizaron las pericias científicas a los restos concluyó que Neruda no había muerto envenenado, pero aun así Carroza no dio por cerrada la investigación.
Desde que los expertos expusieron su conclusión de que la muerte de Neruda no fue violenta, los querellantes del caso han solicitado otras diligencias.
Fuentes judiciales dijeron este lunes que el juez dispuso dejar muestras óseas en reserva conforme a los parámetros y consejos del del grupo de estudio genómico que ha estudiado las muestras extraídas de los restos.
También los expertos deberán señalar el lugar donde han de mantenerse las muestras en las condiciones que requieren los peritos.
El pasado 21 de enero, el Gobierno se hizo parte del caso a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el objeto de colaborar al esclarecimiento de los hechos, por cuanto existen antecedentes de que este caso podría consistir en un crimen de lesa humanidad.
