Las autoridades californianas multaron este lunes a la empresa de trayectos compartidos Uber con 59 millones de dólares por no haberles facilitado la información que le exigieron relativa a casos de acoso sexual entre sus conductores y clientes, según informó el San Francisco Chronicle.
El rotativo, que tuvo acceso al documento entregado por la Comisión de Servicios Públicos de California a la empresa, informó de que en este también se amenaza a Uber con obligarla a detener sus operaciones en el estado si no paga la sanción y facilita la información requerida en un período de treinta días.
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La empresa, por su parte, admite públicamente que no ha facilitado la información requerida, algo que justifica en base a la protección de la privacidad de las víctimas de casos de acoso sexual en los trayectos de Uber, un razonamiento que ha encontrado la complicidad de algunas asociaciones de víctimas de este tipo de delitos.
Que sea el Gobierno californiano el que ahora amenace con obligar a Uber a cesar operaciones resulta, por lo menos, curioso, puesto que hace apenas unos meses era la compañía la que amenazaba con dejar de operar en el estado precisamente como una arma en su disputa con la Administración.
Uber may have to stop operations in the state if it does not comply with a new order from regulators requiring it to hand over information about sexual assault and harassment claims among riders and drivers.https://t.co/5Vp12Dq5v7
— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 14, 2020
A principios de 2020, la Legislatura de California aprobó una ley que obligaba a Uber y Lyft (y a las otras empresas de la llamada economía colaborativa) a clasificar a sus conductores como empleados, lo que podría disparar los costos de personal de estas dos firmas y poner en duda su modelo de negocio.
Modelo de negocio
Las empresas se opusieron con uñas y dientes a la medida, estuvieron a punto de cesar sus operaciones en California (donde ambas tienen la sede) y finalmente lograron trasladar el contenido de la ley a los votantes mediante un referéndum celebrado el pasado 3 de noviembre, en el que estos rechazaron que se implementase según su redactado original y dieron una victoria a las compañías.
Clasificar a sus conductores como empleados asalariados en lugar de contratistas (su estatus actual) supondría para Uber y Lyft, entre otras cosas, tener que hacerles un contrato, pagarles un salario fijo y ofrecerles beneficios como el seguro médico, días de vacaciones y de enfermedad
