Un hombre de negocios que luchaba por su "derecho al olvido" acaba de lograr que la justicia británica obligue a Google a borrar su pasado criminal del buscador.
El empresario fue declarado culpable hace diez años por interceptar comunicaciones y pasó seis meses en la cárcel.
El juicio tuvo lugar este viernes en un tribunal en Londres, Reino Unido.
El juez Mark Warby falló a su favor, pero rechazó otra denuncia de un segundo hombre de negocios que había cometido un crimen más grave y que estuvo cuatro años en prisión.
Ambos le pidieron a Google que eliminara los resultados que aparecían en el buscador sobre sus condenas, incluidos los enlaces a artículos de noticias, argumentando que ya no eran relevantes.
Google dijo que aceptará las resoluciones del tribunal.
"Trabajamos duro para cumplir con el derecho al olvido, pero ponemos mucha atención en no eliminar los resultados de búsquedas que sean de interés público", dijo la compañía en un comunicado.
"Nos complace que la Corte haya reconocido nuestros esfuerzos en esta materia y respetaremos las sentencias que han hecho en estos casos".
"Precedente legal"
El derecho a ser olvidado fue establecido por la Corte de Justicia de la Unión Europea en 2014, tras el caso del español Mario Costeja González, quien le pidió a Google que eliminara información sobre su historial financiero.
Google dice que ha eliminado 80.000 páginas de sus resultados en base a peticiones relacionadas con ese derecho.
Sin embargo, sus motores de búsqueda pueden negarse a eliminar páginas si consideran que son de interés público.
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Este viernes, el juez Warby dijo que uno de los hombres que demandó a Google había seguido "engañando al público", mientras que el otro "mostró arrepentimiento".
Open Rights Group, una organización británica sin ánimo de lucro que promueve la libre expresión en internet, dijo que esta sentencia establece "un precedente legal".
"El derecho a ser olvidado está pensado para información que ya no es relevante pero que tiene un impacto desproporcionado para una persona", declaró Jim Killock, director ejecutivo de la institución.
"La Corte deberá valorar el derecho de la gente a acceder a su registro histórico, los impactos precisos en cada persona y el interés público".
