Guatemala mantiene en alerta a sus servicios de emergencia para evitar nuevas catástrofes tras pronosticarse más lluvias durante la semana.
El Gobierno anunció la creación de una comisión para coordinar el monitoreo y respuesta ante cualquier eventualidad en un país en el que existen 8 mil 200 puntos de riesgo por inundaciones y deslizamientos.
De ellos, entre 50 y 80 se encontrarían en Villa Nueva, donde la pasada semana el colapso estructural de un predio causó más de una decena de muertos.
Además de este asentamiento, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) mantiene una vigilancia especial sobre otras dos barriadas próximas a la capital que se encuentran en grave riesgo.
En total, las tres zonas acumulan más de 150 familias que deben ser evacuadas, aunque muchos de los pobladores se niegan a hacerlo.
La Conred mantiene además una alerta amarilla en todo el territorio que implica un monitoreo constante de todas las zonas de riesgo, de las cuales ya han sido informadas las municipalidades.
Según los últimos datos oficiales, sin contar la tragedia en Santa Isabel 2, la temporada de lluvias iniciada en mayo pasado ha provocado 141 incidentes, 173 mil 685 afectados, mil 466 damnificados, 2 mil 293 evacuados, 903 albergados, 6 heridos y dos muertos, además de daños a más de 2 mil viviendas.
Solo en el área metropolitana de Guatemala hay 232 asentamientos considerados de riesgo al estar ubicados en laderas o barrancos, y se calcula que en ellos viven unas 300 mil personas.
Para hacer frente a esta problemática, el Gobierno presentó la agenda urbana con la que espera ir eliminando paulatinamente estos asentamientos.
Ésta agenda irá acompañado de un plan de préstamos para el acceso a la vivienda que el Gobierno está ultimando y que podría ponerse en marcha en el segundo semestre de 2017 con fondos de más de US$80 millones.
Paralelamente, apuntó el viceministro de Vivienda Carlos Barillas, es imperioso acabar con las invasiones de territorios de alto riesgo, muchas de ellas con un trasfondo de intereses urbanísticos.
