La magistrada argentina dedicada a dilucidar los crímenes cometidos durante la guerra civil española investigará la muerte del escritor Federico García Lorca, fusilado hace 80 años, a solicitud de una asociación de víctimas del franquismo.
La jueza María Servini «ya ha aceptado la denuncia y se ha puesto a trabajar sobre el tema», indicó a la AFP Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La magistrada de Buenos Aires incluyó el caso del poeta y dramaturgo dentro de la causa que, valiéndose del principio de justicia universal, abrió en 2010 para investigar violaciones de derechos humanos durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), explicó Silva.
Servini solicitará «al gobierno español cualquier información relacionada con el caso que pueda existir en cualquier archivo» y podría viajar próximamente a España para recabar más información, señaló.
La pesquisa se conoce justo cuando esta semana se cumplen 80 años de la muerte de García Lorca, fusilado en agosto de 1936 durante los primeros días de la guerra cerca de Granada (sur). Sus restos, arrojados a una anónima fosa común, siguen sin ser hallados.
Nacido en 1898 y miembro de la llamada Generación del 27, García Lorca es considerado uno de los autores de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, con libros como el «Romancero gitano» y obras de teatro como «Yerma» y «Bodas de sangre».
La ARMH hizo su denuncia en base a un documento de 1965 que permaneció «oculto» por décadas en el archivo del ministerio el Interior, en el que «por primera vez el Estado franquista reconoce el asesinato de Lorca«, según Silva.
El informe de la policía de Granada indica que el poeta «fue pasado por las armas» y «enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra».
El documento se hace eco de que el autor estaba «tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli».
Cultura de impunidad
Silva lamentó que las víctimas del franquismo hayan tenido que acudir a la justicia argentina ante los obstáculos para procesar los crímenes en España, debido a una Ley de Amnistía aprobada en 1977, en plena transición hacia la democracia.
«La impunidad que ha habido con el tema del franquismo se ha convertido en toda una cultura política y este caso es muy evidente», reclamó Silva.
De hecho, la asociación desconocía la existencia del documento sobre la muerte de García Lorca y solo tuvo acceso a él cuando le llegó «de forma anónima», acotó.
«Es imposible saber la cantidad de documentos que puede mantener el Estado» en sus archivos, agregó.
Dentro de la investigación que inició en 2010, la magistrada Servini solicitó en marzo pasado interrogar a una veintena de imputados que siguen con vida, entre ellos ex altos cargos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español durante la dictadura.
Servini espera poder hacerlo cuando visite próximamente España, luego de que este país rechazara su petición de detener y extraditar a Argentina a esos sospechosos.
En mayo de 2014, la jueza había visitado España para escuchar el testimonio de algunas víctimas que por su avanzada edad o estado de salud no podían desplazarse.
Gracias a la declaración de la hija de una persona supuestamente fusilada en 1939, se realizaron en enero de este año los trabajos de exhumación en una fosa común en Guadalajara (centro del país), a pedido de Servini.
El paradero de los restos de García Lorca también es un misterio por resolver. En septiembre comenzará una tercera búsqueda, anunció recientemente el arqueólogo que dirige las labores.
