«Es una tierra sin ley». Así define la zona de la Reserva de la Biósfera Maya, la mayor superficie de bosque tropical de Centroamérica, Luis Chiguichón, de la Fiscalía contra la Narcoactividad de Guatemala.
Al menos 8.000 hectáreas de bosques en la frontera con México han sido consumidas por 162 incendios en los últimos meses y el número de hectáreas quemadas podría aumentar a más 200.000 una vez se terminen de evaluar los daños.
Para las autoridades los responsables son los llamados «narcoganaderos«.
«Hay presencia del narcotráfico, que cada día, en su afán por abarcar más áreas no le importa el hecho de echarle fuego al bosque o pagar a gente pobre para que lo haga», asegura Alma Polanco, directora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en Petén, departamento donde se encuentra la reserva.
El cálculo oficial es que arrasan con vastas áreas para construir pistas de aterrizaje clandestinas para el trasiego de droga.
Todo esto en medio de una superficie protegida de 21.600 kilómetros cuadrados de bosques, uno de los principales pulmones ambientales de la región.
«Desde fines de los 90 ha sido una de las temporadas de incendios más críticas», le dice a BBC Mundo Luis Romero, director de protección ambiental de Wildlife Conservation Society, (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre) en Guatemala.
Los incendios, que el año pasado apenas fueron 12, han llegado a estar a apenas dos kilómetros del sitio arqueológico maya de Tikal.
La zona, con flora y fauna única en el mundo, con escasos recursos para su cuidado y protección, vive asediada por diferentes ilícitos, desde la tala ilegal, la caza furtiva, el tráfico de drogas y los incendios forestales.
La reserva, con áreas sólo accesibles a pie y un ancho de entre 120 y 150 kilómetros, es un lugar vulnerable.
«Es casi imposible que uno pueda detectar esto», le dice a BBC Mundo Adolfo Cifuentes, Director Nacional del Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales (Sipecif).
Aunque no tiene cifras precisas, Aura Marina López estima que son unos 20 los «narcoganaderos» en la zona de la reserva.
«La comunidad les hace el trabajo sucio y ellos llegan cuando está todo limpio», explica la fiscal de delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público en entrevista con BBC Mundo.
Pobladores locales, por lo general en la pobreza, actúan de brazo ejecutor de los narcotraficantes en el terreno y los asisten en diversas actividades, aunque la confirmación oficial es esquiva.
«No hay comprobación de que trabajan para estas grandes familias, gente con grandes extensiones de tierra, latifundistas. Ellos son los ‘narcoganaderos‘», explica Chiguichón, de la Fiscalía contra la Narcoactividad en el departamento del Petén.
Les dan trabajo a los pobladores en las áreas invadidas, como guardaespaldas y sicarios y en tareas menos azarosas como cuidar el ganado o muchas veces los amenazan y los obligan a cumplir con esas tareas a riesgo de perder la vida.
Suelen invadir una zona alejada del bosque, se apropian del terreno y allí queman la tierra con diversos fines.
Esta deforestación forzada les permite la cría de ganado ilegal y habilitar un terreno para la construcción de pistas de aterrizaje para traficar drogas.
Luego lo comercializan a un «narcoganadero» para que críe allí ganado de forma ilegal y utilice la pista.
