Claudia Medina Tamariz dormía en su casa en el puerto de Veracruz, en la costa del Golfo de México, junto a su esposo, cuando miembros de la Marina entraron a la fuerza y los arrestaron en agosto de 2012.
Con una venda en los ojos y esposada, Medina cree que fue trasladada a una base naval cercana, donde sus captores la acusaron de trabajar para el crimen organizado. Durante varias horas fue golpeada, agredida sexualmente, y torturada con descargas eléctricas y ahogamiento simulado. Dos examinadores médicos independientes encontraron evidencia que respalda su versión. Se le obligó a ducharse enfrente de sus captores.
Después, Medina y otros desfilaron frente a las cámaras de televisión junto a armas y drogas, y se les imputaron múltiples cargos de crimen organizado. Más tarde descubrió que su declaración, misma que no se le mostró antes de ser firmada, fue alterada para que pareciera una confesión en la que los marinos indican que la arrestaron junto a su esposo cuando conducían un vehículo con drogas y armamento.
«Las autoridades, cuando te ponen en exposición, lo hacen con esa finalidad, de que una se quede callada como mujer», declaró Medina el lunes. «Ellos saben dónde herirte como mujer».
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional afirma que la experiencia de Medina es común entre las mujeres arrestadas en México. En un reporte difundido el martes, la organización señaló que en entrevistas realizadas a 100 mujeres mexicanas encarceladas, 72 reportaron tortura sexual durante su arresto, y 97 fueron golpeadas o recibieron algún tipo de abuso físico. Las 100 reportaron acoso o abuso psicológico.
«Lo que vemos es que las mujeres son un blanco por su género, a menudo sus cuerpos son utilizados de cierta forma. Continuamente vemos que las mujeres que vienen de situaciones adversas son los objetivos más fáciles para las autoridades», dijo Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional mostró el lunes su reporte al gobierno, pero la Procuraduría General de la República no respondió a una solicitud de comentario para The Associated Press antes de que se difundiera la investigación.
Penman dijo que Amnistía Internacional decidió enfocar su reporte en las sobrevivientes de tortura sexual debido a que no han recibido mucha atención. Agregó que a los investigadores les hubiera gustado entrevistar a muchas más mujeres, pero que las autoridades mexicanas obstaculizaron el proceso.
Gran parte de los abusos se han relacionado con la guerra de México al narcotráfico, y las mujeres a menudo resultan detenidas cuando las autoridades arrestan a los hombres o simplemente porque buscan presentar resultados públicos, se señala en el reporte.
El informe afirma que la naturaleza sexual de la tortura y el estigma que conlleva hacen que sea menos probable que las mujeres denuncien lo sucedido.
Medina, una madre de tres hijos que trabajaba vendiendo productos naturistas, está libre y no es una de las 100 mujeres entrevistadas en el reporte. Pero ella y Amnistía Internacional afirman que su experiencia es igual a las recabadas en la investigación.
Cuando los marinos entregaron a Medina a los investigadores federales, inicialmente no mencionó la tortura. «Porque tenía miedo, porque ellos me habían amenazado que si hablaba de lo que había pasado en estas 36 horas iban a encontrar mis hijos».
Pero el día después de ser trasladada a una cárcel de mujeres, Medina le dijo a un juez que había sido torturada. Tres días después, el juez desechó el cargo de crimen organizado más grave.
Luego de 23 días en prisión, Medina consiguió libertad bajo fianza y pelear su caso. Se desecharon todos los cargos con excepción del de posesión de armas de fuego. Introdujo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el trato que recibió y comenzó a alzar la voz, pero hasta la fecha, el órgano no ha publicado una recomendación sobre su caso.
Un año y medio después de su arresto, la fiscalía emitió una nueva orden de arresto contra Medina por todos los cargos previos. Lo considera una obvia amenaza y el mensaje es que guarde silencio. Luego de otro año de disputas, un juez exoneró a Medina de todos los cargos.
Su esposo sigue en prisión a la espera de que un juez falle respecto a sus acusaciones.
«Yo considero que es algo ya de rutina que hacen las autoridades castrenses», dijo Medina sobre la tortura y demás abusos. «Yo siempre lo he dicho, siento que es como la enfermedad, el cáncer que va creciendo y creciendo y creciendo».
El reporte de Amnistía Internacional resalta que los legisladores mexicanos debaten una nueva legislación sobre la tortura, y que la Procuraduría General de la República creó una nueva unidad para investigar la tortura. Pero de miles de quejas de tortura desde 1991, sólo 15 han resultado en condenas federales.
