Durante varios años, los habitantes de Cojutepeque, Cuscatlán, tuvieron como vecinos a cerca de 1,300 pandilleros que hasta ayer estuvieron recluidos en la cárcel situada en el centro de esa ciudad.
La alcaldesa Guadalupe Serrano aseguró que desde que asumió el cargo, en 2006, solicitó varias veces a las autoridades que clausuraran dicho recinto.
La petición no fue caprichosa. Según la funcionaria, la población vivía en peligro latente porque el reclusorio está contiguo a la Alcaldía.
Además, está rodeado negocios, iglesias, centros educativos y viviendas.
El penal es una bomba de tiempo, el problema es que está dentro de la ciudad. Hemos venido pidiendo desde hace varios años que lo cierren, sostuvo Serrano el sábado pasado, luego de que la Dirección de Centros Penales anunciara que el recinto sería cerrado.
En agosto de 2006, 38 reos huyeron por un boquete que hicieron con cinceles artesanales y huyeron por una vivienda que colinda con el presidio, un viejo cuartel improvisado para resguardar reos.
Los pandilleros se cambiaron de ropa y salieron en fila india por el portón de la casa, tras obligar a los moradores a abrirles la puerta o de lo contrario los matarían.
En más de una ocasión, trabajadores y pobladores debieron ser evacuados por las autoridades como medidas de seguridad cuando los reos se amotinaban.
Quienes habitan o trabajan en los alrededores del presidio también se veían afectados porque la circulación en las calles aledañas al inmueble era restringida debido al perímetro de seguridad.
A eso se suma que a diario debían lidiar con el bullicio que se generaba dentro del penal. El problema más reciente que han debido enfrentar por tener tan cerca el penal es la imposibilidad de comunicarse telefónicamente debido a que los bloqueadores de señales telefónicas instalados en la cárcel afecta a gran parte de Cojutepeque.
La alcaldesa, secundada por algunos lugareños, aseguraron que para hacer una llamada de emergencia por celular debían desplazarse hacia la carretera Panamericana, en el límite con San Cruz Michapa.
El viernes pasado, varios funcionarios de Gobierno que llegaron a la comuna a evaluar un plan de seguridad implementado en febrero se vieron en aprietos al no poder hacer llamadas ni usar las redes sociales durante las dos horas y media que estuvieron ahí.
Por todos estos inconvenientes, muchos cojutepecanos se mostraron aliviados ayer cuando veían partir en una treintena de buses a cientos de criminales escoltados por decenas de policías y custodios de Centros Penales.
Los preparativos para trasladar a los 1,282 reclusos inició de madrugada. El primer grupo fue movido de la zona a las 9:30 de la mañana. A los demás se los llevaron alrededor de las 2:00 de la tarde.
Las autoridades manejaron el caso con hermetismo, pero fuentes policiales informaron que los pandilleros serían llevados a los penales de Quezaltepeque, La Libertad, e Izalco, Sonsonate.
La Alcaldía asegura que el terreno donde funciona el recinto le pertenece a la comuna, por lo que espera que la Dirección de Centros Penales se lo devuelva. De ser así, la institución tiene proyectado convertir el lugar en un centro cultural o un centro de convenciones para beneficio de la comunidad.
