El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador realizó ayer la audiencia de imposición de medidas contra los imputados ausentes y los notificados en prisiones vinculados al caso de la Alcaldía de Apopa.
Los imputados son supuestos pandilleros que recibían beneficios por parte de la alcaldía y cometían crímenes, según la Fiscalía General de la República de El Salvador.
Se ha determinado la vinculación que había con la pandilla y empleados de la alcaldía de Apopa donde se les daba cierto apoyo en cuanto a financiamiento, reparación de vehículos y asignación de plazas, declaró el fiscal del caso.
Según el requerimiento presentado por la Fiscalía, son 32 personas notificadas en diferentes centros penales, más 34 imputados ausentes. La FGR les atribuye los delitos de homicidio y organizaciones terroristas.
La Fiscalía investiga a la supuesta estructura por cuatro homicidios. Las víctimas eran habitantes del municipio. Esto era más que todo una actividad pandilleril, añadió el fiscal.
En la audiencia de imposición de medidas no se trasladó a los reos que fueron notificados en centros penales; sin embargo, un hombre y una mujer llegaron voluntariamente a la audiencia, como parte de los imputados ausentes.
Hasta el cierre de esta nota, los acusados aún esperaban la resolución del juez. Según la FGR, el juzgado dará a conocer la resolución del caso para los acusados hoy a las 3 de la tarde.
El pasado viernes Elías Hernández, alcalde de Apopa, y 31 personas más quedaron bajo prisión debido a que la Fiscalía los acusó de proporcionar beneficios a las estructuras criminales de ese municipio.
El jefe de comuna, igual que los demás imputados, está acusado de homicidio y organizaciones terroristas. Según el requerimiento fiscal, en total hay 98 personas involucradas en este caso.
Según la Fiscalía, el caso de la Alcaldía de Apopa no está vinculado a la tregua de pandillas. Dentro de la investigación se puede llegar a establecer esa circunstancia pero por el momento son casos independientes, informó el fiscal a cargo.
Según las declaraciones de los testigos criteriados (con beneficios judiciales a cambio de su testimonio), el alcalde de Apopa dio beneficios a una de las pandillas a cambio de que redujera los homicidios y otros delitos en la zona.
Además, a Hernández se le acusa de favorecer a los pandilleros para obtener sus votos y los de sus familiares y así lograr la reelección para su segundo período.
Según la acusación, la municipalidad realizó diferentes acuerdos con un grupo de pandillas de la zona, en el marco de la tregua entre pandillas supuestamente apoyada por el Gobierno.
Así, dentro del marco de la tregua, pandillas de Apopa entregaron parte de su supuesto arsenal de armas el 9 de marzo de 2013 como parte del acuerdo para convertirse en municipio santuario o libre de violencia.
