La Dirección Legislativa de Guatemala en los próximos días discutirán la iniciativa de ley que busca abolir, mientras que otros piden la reactivación de la pena de muerte.
En los próximos días la Dirección Legislativa recibirá de un grupo de diputados una iniciativa de ley que busca abolir la pena de muerte bajo el argumento que el Estado no puede quitarle la vida a un ser humano. Esa propuesta se planteará cuando varios congresistas y movimientos sociales han exigido al Congreso la reactivación de la pena capital ante los altos índices de violencia y criminalidad.
Después que se cumplieron 16 años de que los Juzgados de Ejecución Penal no han dado cumplimiento a una pena de muerte por orden de juez porque se dejó en un limbo el indulto presidencial, en el Congreso, 36 diputados, entre ellos Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del TODOS trabajan en afinar detalles a una iniciativa que busca eliminar la pena de muerte.
El argumento que utilizan los congresistas al plantear tal proyecto es porque están conscientes que no es con la muerte que se evitaran más muertes, porque creen que lo primero que debe abordarse para evitar la violencia y criminalidad son las condiciones en que se desarrolla Guatemala en donde existen más de seis millones de guatemaltecos viviendo en extrema pobreza, sin condiciones mínimas de desarrollo, sin oportunidades de trabajo y habitando en lugares de alta peligrosidad.
Bajo esa justificación, los 36 diputados que ya firmaron la propuesta de ley buscan poner a discusión la abolición de la pena de muerte y no la reactivación como lo proponen congresistas de Visión con Valores (ViVa), Frente de Convergencia Nacional (FCN) y Partido Unionista (PU), impulsadas desde afuera del Legislativo por las exdiputadas Zury Ríos y Lucrecia Marroquín de Palomo.
Debemos de pensar de una forma diferente y no pensar que el Estado se va a reducir al nivel de un delincuente al quitarle la vida a una persona. Reactivar la pena de muerte sería dar un retroceso al país, dijo Arango.
El diputado informó que entre los 36 parlamentarios que apoyan la abolición de la pena capital está el presidente del Congreso, Mario Taracena y sus compañeros de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda y Orlando Blanco; además, Aníbal Rojas de ViVa; Édgar Sandoval Trigueros, militar retirado, de FCN; Amílcar Pop de Winaq; Convergencia y algunos integrantes del bloque TODOS.
La propuesta de abolir la pena de muerte se planteará después que en el Congreso un grupo de diputados se mostró a favor y otros en contra de reactivar la pena capital ante los hechos violentos registrados en los primeros meses del año.
En la primera semana de febrero, las exdiputadas Ríos y Marroquín de Palomo entregaron al primer vicepresidente de la Junta Directiva, Oswaldo Iván Arévalo, una iniciativa de ley que busca reactivar la pena de muerte.
Las aludidas entregaron el proyecto al Congreso recordando que durante la época de campaña, el presidente Jimmy Morales prometió implementar la pena capital a las personas que se dedican al sicariato y extorsión que han ocasionado la muerte de más de 23 mil personas desde el 2012 a la fecha, dijeron.
