Más de 1,237 incendios forestales se han registrado este año en el territorio hondureño, de los cuales el 90% en promedio son provocados; pero la impunidad de los incendiarios sigue imperando en la mayoría de los casos, pues apenas hay dos presos por quemar los bosques.
Ángel Zepeda, jefe del Departamento de Protección Forestal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), aclaró que la verdadera solución es que la población tome conciencia del daño que se causa al incendiar un bosque.
Este año van 1,237 incendios en el país. Es una reducción en comparación con los 1,448 que hubo en este mismo período el año pasado. En parte la disminución ha sido gracias a los esfuerzos por proteger los bosques y hacer conciencia en la gente; aunque aún más del 90% de incendios son provocados, ya sea de forma premeditada, expresó.
Zepeda destacó que hace poco más de un año se creó la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA), integrada por la Policía, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el ICF, y aseguró que ya se han visto resultados.
En los últimos 12 meses se ha detenido a unas 100 personas por diferentes delitos ambientales, como tala ilegal de árboles, tráfico de animales o incendios. Algunos fueron capturados in fraganti y otros por investigaciones.
En cuanto a los capturados por quemas se ha logrado que haya al menos dos personas presas, reveló el jefe de Protección Forestal del ICF. Zepeda explicó que comprobar la responsabilidad de alguien por delitos ambientales es especialmente complicado, pues se depende de testigos que en la mayoría de casos prefieren no denunciar.
La mayoría son procesados, pero es difícil demostrar su culpabilidad si los testigos no quieren ir a los juzgados, a veces porque viven cerca del responsable y tienen miedo de represalias, dijo.
La Ley Forestal estipula que incendiar un bosque es un delito, cuya pena mínima es de seis años. Antes a quienes causaban adrede un incendio forestal se les daba una pena permutable, es decir, menor de cinco años, y podían evitar la cárcel cumpliendo la pena con trabajo social, pero ahora, con una pena mínima de seis años, deben ir presos.
