Autoridades de El Salvador informan que continúan saliendo llamadas telefónicas de reos en centros penales.
A pesar de que el Gobierno mantiene el estado de emergencia en siete centros penales con población pandilleril para frenar las órdenes criminales de los mismos, el flujo de llamadas desde celulares siguen saliendo desde los reclusorios de Izalco, Sonsonate; y de Ciudad Barrios, San Miguel, según denunció ayer el Fiscal General, Douglas Meléndez.
El (penal) de Izalco, si tiene comunicación de cientos de llamadas, solo de seis teléfonos tenemos 145 llamadas con jefes de pandillas en el mes de mayo, dijo Meléndez, quien agregó que hemos estado haciendo investigaciones técnicas y creemos que pueden estarse extendiéndo de ciertas torres de las telefónicas, potencia para que abarque a ese penal, creo que tenemos algunas investigaciones de que puede venir de Acajutla.
También del penal de Ciudad Barrios, la Fiscalía ha detectado que ha habido comunicación entre los cabecillas de pandillas, pero en menor escala.
Las investigaciones que recién acaban de iniciarse abarcan a dos empresas telefónicas y a funcionarios de esos penales con el propósito de establecer si existe alguna complicidad con los cabecillas de las pandillas.
Las investigaciones, en las que no participa la Policía, revelaron además de que las pandillas están sustituyendo a sus cabecillas en las calles con los que los jefes que están recluidos se han estado comunicando desde las referidas cárceles.
El 29 de marzo pasado, las autoridades penitenciarias decretaron estado de emergencia en los siete centros penales donde hay pandilleros recluidos. Entre las medidas contempladas se destacan que los cabecillas de pandillas iban estar aislados, sin tener derecho a las visitas y también advirtieron a las empresas telefónicas a suspender el servicio telefónico en los alrededores de los referidos reclusorios, o de lo contrario, iban a aplicarles sendas sanciones económicas.
El Gobierno ha asegurado que haberles cortado la comunicación a los cabecillas de pandillas encarcelados con los que están en las calles ha permitido la reducción de homicidios y extorsiones en los últimos dos meses.
