El Gobierno ecuatoriano, tras seis semanas de evaluación, ha cifrado en 3.344 millones de dólares –algo menos de 3.000 millones de euros– la reconstrucción del país después del potente terremoto que, el pasado 16 de abril, dejó al menos 660 muertos, según los medios locales.
El estudio de la situación, cuyos resultados ha presentado la secretaria nacional de Planificación y Desarrollo, Sandra Naranjo, tendrá un impacto en la economía nacional de cerca de 0,7 puntos porcentuales del producto interior bruto.
No obstante, el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Omar Bello, ha señalado que, «como siempre» ocurre en estos casos, se trata de una estimación provisional.
Naranjo ha indicado que la mayor parte del coste de la reconstrucción lo asumirá el sector público; en concreto, el 67 por ciento del coste, unos 2.250 millones. Gracias a la Ley Solidaria se podrían generar unos mil millones, a los que se sumarían los 660 millones procedentes de las líneas de contingencia –como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo–, a los 400 millones del Fondo Monetario Internacional y algo menos de 200 del Presupuesto General del Estado.
El resto del coste, un 33 por ciento –que equivale a algo más de 1.000 millones de dólares– vendrá del sector privado.
Un 95 por ciento de los daños están concentrados en la localidad de Manabí, donde la economía local ha sufrido una caída de casi 10 puntos porcentuales del producto interior bruto provincial.
Además de los más de 660 muertos, el seísmo dejó a 80.000 personas desplazadas y a cerca de 5.000 heridas, principalmente en Manta, Pedernales y Portoviejo.
