Autoridades mexicanas y peritos independientes iniciaron este lunes la exhumación de más de un centenar de cadáveres enterrados por autoridades en una fosa de Morelos (centro), de donde ya habían sido sacados otros cuerpos no entregados a familiares pese a haber sido reclamados.
La fiscalía anunció que fueron enterrados 116 cadáveres en esa fosa cavada el 28 de marzo de 2014 en un panteón del poblado de Tetelcingo, del municipio de Cuautla del estado de Morelos, vecino de Ciudad de México.
Pero activistas dudan de la solidez del registro oficial y presumen exhumaciones irregulares pues las autoridades sólo cuentan con expedientes de investigación de 88 de los cuerpos en la fosa, conformada por dos hoyos contiguos que abarcan un área de unos seis metros de largo por unos cuatro de ancho y 10 metros de profundidad.
«Reconocemos la lucha incansable de los familiares y organizaciones de víctimas de más de 30.000 desaparecidos en este país que se hunde en la barbarie», dijo Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), creador de un programa de atención a personas que buscan a sus seres desaparecidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico en México.
Otras organizaciones civiles y la ONU han estimado que en México suman al menos 20.000 los desaparecidos.
La exhumación -que podría durar cinco días- en un panteón rural que carece de cercado la iniciaron pico en mano el fiscal de Morelos, Javier Pérez, y María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, secuestrado el 23 de mayo de 2013 en Cuautla. Asisten también decenas de familiares de desaparecidos.
En estos días «se contarán cada uno de los cuerpos para ver si algún familiar de las personas que están aquí, está entre esas cuerpos», dijo el fiscal.
Uno de los cuerpos que había desaparecido y ya fue sacado de esta fosa es el de Oliver, hallado en junio de 2013 en una barranca e identificado inmediatamente por su familia, que no lo pudo sepultar por la insistencia de la fiscalía de retenerlo para pruebas forenses. Pero el tiempo pasó y el cadáver desapareció de los registros.
Tras meses de hacer «muchas denuncias y muchas batallas», un funcionario develó que Oliver había sido inhumado en Telecingo «con firmas de autorización falsas», y finalmente un juez ordenó su exhumación el 9 de diciembre de 2014, dijo a la AFP, Amalia Hernández.
El cadáver estaba debajo de decenas de cuerpos, colocados unos sobre otros, «violando protocolos internacionales que indican que en las fosas comunes los cadáveres deben estar separados unos de otros para su eventual reclamo», comentó a la AFP, Roberto Villanueva, director del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM.
Los muertos con los que estaba el cuerpo de Oliver fueron enterrados nuevamente, proceso que fue videograbado por su familia, que desde entonces se ha dedicado a divulgar el caso.
