Las autoridades de California anunciaron el martes acciones judiciales por «negligencia» y «conducta criminal» contra la compañía petrolera que opera el oleoducto que filtró medio millón de litros en aguas del Pacífico y sobre las playas próximas a Santa Bárbara, en el oeste de Estados Unidos.
«El Estado federal, California, y las colectividades locales gastaron millones de dólares para limpiar la marea negra, que causó daños sustanciales a los habitats naturales y la fauna en una vasta zona», dijeron en un comunicado la ministra de Justicia de California, Kamala Harris, y la fiscal del condado de Santa Bárbara, Joyce Dudley, sobre el derrame ocurrido en 19 de mayo.
Agregaron que la petrolera Plains All-American Pipeline fue «formalmente inculpada de 46 cargos por un gran jurado» y que un empleado, James Buchanan, enfrenta tres acusaciones penales.
La fuga provocó una marea negra de alrededor de 14 kilómetros de largo sobre el Pacífico, causando la muerte de pelícanos, bogavantes y otros animales encontrados cubiertos de petróleo a lo largo de esta costa turística, donde muchas playas son parques naturales protegidos.
Por su lado, Plains All-American Pipeline se declaró «profundamente decepcionada» y señaló que «ni la sociedad ni ninguno de sus empleados cometió un acto criminal alguno y que las acusaciones penales son infundadas».
La firma texana afirmó que desde la marea negra, «ha trabajado sin descanso y lo más rápido posible para limpiar las playas» del litoral californiano e «indemnizar aquellos que fueron afectados por la fuga».
