La policía nacional de Guatemala detuvo el lunes a cuatro presuntos trabajadores de una mina que mantiene suspendidas sus operaciones por orden judicial cuando extraían concentrado de oro y plata por un valor de 1,9 millones de dólares.
Ana Elena Guzmán, subsecretaria de la fiscalía, confirmó a The Associated Press las detenciones y dijo que éstas se realizaron en flagrancia. «La policía realizaba una investigación de campo para ver si la empresa minera aún estaba operando, cuando vieron salir a los trabajadores«, dijo la funcionaria, y agregó que expertos determinaron el valor aproximado de lo incautado.
Se trata del proyecto minero Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), que se ubica entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento central de Guatemala.
En el lugar también se instaló una comunidad en resistencia denominada «La Puya», donde se han colocado cientos de pobladores, especialmente mujeres, que hacen resistencia pacífica contra la mina. El 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata por no haber consultado a los pueblos indígenas sobre sus operaciones.
La resolución responde a un amparo solicitado por el Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala (Calas), el cual argumentó que cuando se otorgó la licencia minera en septiembre de 2011 no se realizó una consulta a la población indígena del lugar para establecer si estaban de acuerdo o no con las operaciones de la mina, algo que obliga la ley.
A pesar de la suspensión, varios miembros de la comunidad han denunciado públicamente que la empresa sigue operando y extrayendo los minerales del lugar. La Corte de Constitucionalidad confirmó el viernes el amparo provisional otorgado a Calas y mantuvo la suspensión de las operaciones.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, que aglutina a los empresarios privados, rechazó el lunes la decisión de la Corte de Constitucionalidad y pidió públicamente que no se suspendieran las operaciones de las minas en el país, pues asegura que esto resta certeza jurídica para la inversión en Guatemala.
Rafael Maldonado, abogado de Calas, dijo que las acciones de las autoridades guatemaltecas son un «avance jurídico extraordinario» en el tema de la justicia ambiental, pues ya hay por lo menos 10 licencias de exploración minera que se han suspendido por no consultar a los pueblos indígenas sobre la operación de esta industria en sus territorios.
