La justicia de Honduras ordenó la medida contra los presuntos asesinos de la líder ambientalista y la tentativa de asesinato del activista Gustavo Castro. La Justicia de Honduras dictó este domingo un auto formal de procesamiento y prisión preventiva para los cuatro presuntos asesinos de la ambientalista Berta Cáceres.
Los acusados por el Ministerio Público por este crimen y la tentativa de asesinato en contra del activista mexicano Gustavo Castro son Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca, que promueve un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.
Los detenidos fueron enviados a la Penitenciaria Nacional, principal cárcel del país, ubicada en el norte de Tegucigalpa, a la espera de una decisión sobre el caso, luego de la audiencia que se espera se realice en un plazo de entre 60 y 120 días.
Por otro lado, Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, deberá comparecer en los próximos días ante un juez por tener en su poder el arma con la que supuestamente Cáceres fue asesinada.
Asimismo, el Ministerio Público de Honduras dio a conocer que una sexta persona involucrada en el asesinato de Cáceres se encuentra prófuga de la justicia.
El pasado viernes, el Ministerio Público presentó en la audiencia «pruebas periciales, documentales y testificales» del caso de la activista hondureña.
Berta Cáceres fue asesinada en su casa el 3 de marzo. La activista había denunciado una semana antes de su muerte el asesinato de cuatro dirigentes indígenas de la comunidad lenca.
Según un informe del Equipo de Reflexión, Investigaciones y Comunicación (ERIC) de los jesuitas, la dirigente indígena había sido amenazada por policías, militares y paramilitares, cuando en abril de 2013 encabezó una serie de protestas engrosadas por indígenas lencas contra una empresa hidroeléctrica china que quería llevar a cabo un proyecto en el río Gualcarque.
La familia de Bérta Cáceres, quien además era líder de la etnia lenca y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), exige que un equipo de expertos internacionales participe en la investigación del crimen.
