Un juzgado de Guatemala inició este martes una audiencia para determinar si 11 militares retirados deben enfrentar juicio por desaparición forzada y delitos contra la humanidad, cometidos durante la guerra civil (1960-1996), informó la Fiscalía.
La audiencia es por el caso conocido como ‘Creompaz‘, en el cual el Juzgado de Mayor Riesgo A decidirá si los militares deben enfrentar juicio oral y público por su presunta participación en al menos 88 masacres de indígenas durante el conflicto armado, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz, señaló en un comunicado el Ministerio Público (Fiscalía).
En el inicio de la audiencia, los militares se quejaron de malestares médicos y regresaron a prisión, siendo representados por sus abogados. El pasado 6 de enero, 14 militares fueron arrestados por el caso y dos semanas después el juzgado abrió proceso penal contra 11, debido a que tres de ellos quedaron fuera del caso por falta de mérito.
Mientras el juzgado abría la sesión, un grupo de simpatizantes de militares protestó frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia en apoyo a los procesados. «Militares no están solos», «Militares libres» y «Libertad para nuestro héroes», señalaban algunas pancartas que portaban los manifestantes, entre ellos indígenas y familiares de los detenidos.
Parte de la investigación de la Fiscalía se fundamenta en el descubrimiento, entre 2012 y 2015, de 558 osamentas de niños, adultos y ancianos localizadas en un antiguo campamento militar en Alta Verapaz, de los cuales 97 han sido identificados con pruebas de ADN.
El antiguo cuartel, ubicado en la ciudad de Cobán, fue convertido en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz). Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el conflicto de 36 años.
La guerra interna guatemalteca dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó de 93% de los casos a las fuerzas del Estado.
La mayoría de las masacres se registraron en zonas indígenas asentadas en el altiplano occidental.
