El presidente hondureño Juan Orlando Hernández reafirmó el domingo su compromiso para depurar las fuerzas de seguridad de personal vinculado con el crimen organizado, poco después de que se anunciara la suspensión de 23 jefes policiales y la apertura de una investigación a otros 108 agentes.
«No hay otra opción: depurar la policía, certificarla y repotenciarla porque eso es lo que merece el Estado», declaró Hernández al oficialista Canal 8. El mandatario anunció además que pronto derribará el cuartel general policial en Tegucigalpa para «borrar la historia negra de lo sucedido en esas oficinas», y se mostró confiado en que «con nuevos agentes renacerá la institución para estar en manos de gente de confianza de los hondureños». La suspensión de los 23 jefes policiales y la investigación al otro centenar anunciada esta semana se debe a sus presuntos vínculos en el asesinato de dos fiscales antidrogas y el asesor de uno de ellos por encargo del crimen organizado.
Documentos de archivos policiales publicados en medios locales indicaron la existencia de vídeos que muestran a un grupo de oficiales y agentes en el momento de planificar el asesinato del denominado zar antidrogas, general retirado Julián Arístides González, en 2009 y la entrega de 20.000 dólares a los dos sicarios. De forma similar murieron el asesor antidrogas Alfredo Landaverde en diciembre de 2011 y el fiscal Orlan Chávez en abril de 2013. Ambos habían recibido previamente amenazas de muerte.
Dos de los suspendidos son los generales Ramón Sabillón y Ricardo Ramírez, que se desempeñaron como jefes policiales entre 2011 y 2015. El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, descartó un eventual movimiento de rebeldía por los despidos masivos porque «nuestro compromiso es continuar el proceso de reestructuración para dar paso a una nueva entidad, tal como la nación lo demanda». Sostuvo que están haciendo «un proceso revolucionario dentro de la policía, cambiando reglas, el recurso humano y las instalaciones porque tenemos planes ambiciosos de dignificar el cuerpo». Leonel Sauceda, vocero policial, pidió públicamente perdón a la sociedad por lo ocurrido.
«Lo único que puedo afirmar es que la actual cúpula no es la misma que dirigió la policía hace seis años», añadió. El Congreso decretó una «emergencia nacional» para depurar la policía, y de inmediato el presidente designó el 12 de abril a tres profesionales civiles para realizar el trabajo. La comisión la integran la expresidenta de la Corte Suprema, Vilma Morales, el líder de la Confraternidad Evangélica, pastor Alberto Solórzano, y el representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Omar Rivera, un organismo no gubernamental.
El grupo investigador aceptó el viernes el retiro voluntario de cuatro oficiales, suspendió temporalmente a cuatro por supuestos delitos aún no aclarados, despidió a 23 por presunta vinculación con el crimen organizado y evalúa a más de un centenar por situaciones similares. La policía de Honduras, de unos 14.000 miembros, ha sido sometida a una depuración cinco veces en dos décadas por sus altos índices de colusión con el delito. Estadísticas oficiales indican que entre un 7 y 9% de los agentes consumen estupefacientes, lo que significa falta grave y expulsión, pero la Secretaría de Seguridad jamás ha adoptado una decisión al respecto. La reforma a la seguridad pública de Honduras, donde al menos 14 personas mueren al día por la violencia, se reinició en marzo de 2012 cuando el gobierno, acorralado por la presión ciudadana, decidió corregir las prácticas indebidas de la policía, considerada una de las más corruptas del mundo.
