Autoridades guatemaltecas presentaron este miércoles una nueva política estatal para combatir el crimen, causante de unas 6.000 muertes al año, que privilegia la prevención de los delitos y la reinserción de presos, entre otras acciones.
«La política apunta a priorizar la intervención estatal en la fase de prevención de la violencia y enlaza con la política pública de prevención ya definida, en consonancia con la tesis de que la represión penal debe ser el último recurso de la sociedad», dijo durante la presentación la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana.
La funcionaria judicial explicó que la denominada «Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala» también dará prioridad a la investigación e inteligencia de las entidades de seguridad y justicia para desarticular bandas criminales, así como la sanción penal «que no es la venganza sino la reparación del daño causado».
La ola criminal que enfrenta Guatemala, agudizada después del fin de la guerra civil en 1996, ha cobrado en los últimos años las vidas de unas 6.000 personas al año en promedio y, según las autoridades de seguridad, casi la mitad está relacionada con el narcotráfico y las temidas pandillas o «maras».
Otro de los objetivos de la nueva política es promover la reinserción de los reclusos «que contribuya a la estabilidad familiar y social», agregó Aldana. «La herencia de la violencia es una realidad en Guatemala.
La herencia de la impunidad es una dura realidad y la herencia de la criminalidad es una pesadilla que día a día impide la seguridad integral de los guatemaltecos», agregó por su lado el presidente Jimmy Morales.
La presentación del proyecto se realiza un año después de que la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, develaran un fraude en el sistema de aduanas, que involucró al entonces presidente Otto Pérez, ahora en prisión preventiva.
