Naciones Unidas mostró el martes su preocupación por los obstáculos denunciados por los expertos internacionales que investigaban el caso Ayotzinapa y pidió al Gobierno acciones decididas para atender sus recomendaciones y garantizar el derecho a la verdad y la justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, un llamamiento al que se unió Estados Unidos.
«Estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso», indicó en un comunicado el portavoz del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville.
Otras cinco áreas del sistema de Nacionales Unidas, relacionadas con derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas o independencia judicial, se unieron a esta petición e indicaron en otro comunicado que el informe evidencia «las serias deficiencias en el sistema de justicia» y las «preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia». Además, pidieron a México que indague y sancione a los responsables de las acciones y omisiones denunciadas por los expertos.
Rupert Colville, que calificó de «invaluable» el trabajo de los expertos de la Comisión Interamericana, indicó que «es muy importante que el Gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones» del grupo, que explore «exhaustivamente las nuevas líneas de investigación» y que afronte los retos estructurales expuestos.
El documento, presentado el domingo, denunció que testigos clave de la versión oficial -que dice que los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero y sus restos arrojados a un río- habrían sido torturados y que se recogieron evidencias importantes en ese río que no se notificaron correctamente en la investigación. El informe aportó, además, nuevos elementos que contradecían la tesis del basurero e insistía en que el móvil más probable y no investigado es el tráfico de heroína de Iguala, en Guerrero, a Chicago, Estados Unidos.
El portavoz del alto comisionado de la ONU también pidió al gobierno comprometerse con el mecanismo de seguimiento a la investigación que ha propuesto la Comisión una vez que México se ha negado a prorrogar el mandato del grupo de expertos, que concluye el 30 de abril, y que la Comisión determinara que no había condiciones para que estos investigadores continuaran en el país.
Para Colville, este caso ha puesto a prueba la «voluntad y habilidad» de México para afrontar crímenes violentos y corrupción y muestra «el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos».
Estados Unidos se unió también a las peticiones para que México atienda las recomendaciones de los expertos y criticó al ejecutivo por negarse a extender el mandato del grupo, según dijo Francisco Palmieri, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, durante una audiencia en el Senado.
Los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa aprovecharon que el martes se cumplen 19 meses del crimen para convocar una manifestación con el fin de mostrar su indignación por la salida de los expertos y exigir al gobierno que siga buscando a sus hijos y que investigue las obstrucciones denunciadas y la posible fabricación de pruebas que sugiere un video divulgado por el grupo.
El gobierno mexicano ha insistido desde el domingo que este caso es el más «abierto», «transparente» y «auditado», según el secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, quien subrayó que «corresponde por ley a las autoridades mexicanas conducir esta investigación».
La fiscalía mexicana, por su parte, informó el lunes por la noche de la detención de Nicolás Nájera Salgado, presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, el grupo involucrado en la desaparición de los 43 junto a autoridades locales y diversos cuerpos de policía.
Nájera Salgado fue ubicado en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, estado de Morelos, vecino de Guerrero, y fue detenido por miembros del ejército y de la policía federal.
Según indicó la Procuraduría General de la República en un comunicado,» se encuentra presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado» y se le presume «vinculado a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014».
