La agente de la Policía Federal de México que aparece en un video de 2015 junto a dos soldados cuando torturaban a una mujer fue ubicada por sus superiores y será remitida a las autoridades, informó este viernes la Comisión Nacional de Seguridad a la AFP.
La fiscalía general investiga el caso desde el 7 de enero, y asegura que «ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad para la práctica de todas las diligencias e inspecciones que han sido necesarias».
Sin embargo, la policía federal implicada en el caso fue ubicada por sus superiores sólo a raíz del escándalo que estalló el jueves en México, al circular por las redes sociales un video en el que aparece una mujer descalza y sobre el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza.
Más tarde, una agente de la Policía Federal le esposa las manos para luego asfixiarla -en dos ocasiones- con una bolsa de plástico, mientras la militar le hace preguntas y la amenaza con otros métodos de tortura.
«Está confirmada la ubicación y concentración (en las instalaciones de la institución) de la policía federal que a simple vista aparece en el video realizando tortura contra una mujer«, indicó un vocero de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El funcionario precisó que se están llevando a cabo «las diligencias de identidad para corroborar que se trate de la misma persona, y en su momento será remitida ante el Ministerio Público».
Los actos de tortura ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, un estado del sur de México clave en el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.
La Secretaría de Defensa Nacional dijo haber tenido conocimiento de lo sucedido recién el 10 de diciembre de 2015. Poco después, autoridades castrenses arrestaron a un capitán y a una soldado por el caso, y dieron aviso a la fiscalía general.
El despliegue militar en México contra la delincuencia organizada, que se inició en 2012, ha desatado numerosas críticas dentro y fuera del país por los numerosos casos de abuso por parte de los uniformados.
En diciembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso dos nuevos proyectos de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la tortura en el país, fenómenos que han sido denunciados por la ONU.
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