El Ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, confirmó que los bloqueadores de señal de telefonía que poseen los centros penales en el país había estado siendo saboteados por los mismos custodios de los penales con el objetivo de dañar el equipo y permitir que los reos tuvieran señal y pudieran comunicarse. Ramírez indicó que los bloqueadores que se tenían anteriormente hubo algunas situaciones que se conocieron en donde el mismo personal del centro penal lo saboteaba, los dañaba.
El titular del Seguridad aseguró que ahora se utilizan otros equipos que poseen otro tipo de tecnología, los cuales son utilizados de forma remota, con el objetivo que estos no dejen de operar en razón de algún sabotaje o manipulación interna que se haga, recalcó.
Sin embargo, pese a que Ramírez aclaró que hay equipo nuevo, reiteró que no tienen el mismo sistema en todos los centros penales, y es que algunos de estos empleando equipos más viejos, con tecnología diferente a aquellos en donde hay bloqueadores más recientes.
De igual forma, el ministro estipuló que los equipos en uso tienen la función de inhibir la señal en el entendido que los operadores de telefonía han tomado las medidas técnicas para hacer eso posible.
Gobierno se reunió con empresas telefónicas
Tras una reunión con representantes de las empresas de telecomunicaciones de El Salvador, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, acompañado por el ministro Ramírez, informaron que las empresas han comenzado a desmontar (radio) bases (de señal de telefonía) en varios lugares, cumpliendo así con el mandato que se les pidió a estas empresas.
Ortiz indicó que han pedido a las empresas que se priorice como responsabilidad de las mismas que se ponga toda la tecnología con la que cuentan para garantizar impactar en los perímetros establecidos y que esto no pueda, ni deba afectar a otras poblaciones lejanas.
Pobladores de Quezaltepegue y Cojutepeque han denunciado que no tienen el servicio de telefonía celular e Internet por lo bloqueos.
A lo que Ortiz aseguró que las empresas poseen la tecnología para poder detener la señal en las cercanías de los centros penales sin afectar a la población.
Por su parte, la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel), gremial que aglutina a las empresas Claro, Digicel, Telefónica y Tigo, mediante un comunicado reiteraron que el cumplimiento de las medidas contempladas en el Decreto Legislativo No. 321, que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros penitenciarios.
Afirmaron que aplicarán el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros de reclusión, mediante el bloqueo y apagado de sitios cercanos y remotos a dichos centros penitenciarios bajo régimen de emergencia.
Además informaron que como primer paso, acordaron conformar una mesa de trabajo técnico y jurídico con el Gobierno que garantice el intercambio de ideas y de propuestas donde interactúen todas las autoridades públicas y sus agremiados, lo cual recibimos con mucho optimismo, afirmaron las empresas.
