La Fiscalía ordenó el lunes la detención de un general activo del ejército colombiano como presunto responsable del asesinato de dos civiles en 2007, informó la Fiscalía. Se trata del general Henry William Torres Escalante, quien deberá responder por el homicidio de un hombre y su hijo menor de edad en el departamento de Casanare, al este del país.
El oficial se desempeñaba en un cargo administrativo en el Comando General de las Fuerzas Militares. Enterado de la decisión en su contra, el uniformado se presentó voluntariamente ante las autoridades, precisó la Fiscalía.
El ente investigador también reportó la citación para diligencia de imputación de cargos el 31 de mayo del general en retiro Mario Montoya por las ejecuciones de civiles ocurridas cuando fue comandante del ejército.
Montoya, ahora general en retiro, comandaba el ejército cuando organizaciones no gubernamentales y medios locales denunciaron que civiles habían sido asesinados por militares y luego presentados como delincuentes muertos en combate para inflar las cifras de la supuesta eficiencia contra la criminalidad.
El otrora oficial, que también fue embajador de Colombia en República Dominicana, siempre ha rechazado los señalamientos.
«Vamos a entregar las pruebas que tiene el general que demuestran que siempre fue un abanderado de los derechos humanos», dijo Andrés Garzón, abogado de Montoya.
En 2008, mientras Montoya era jefe del ejército, 11 habitantes del municipio de Soacha, al sur de esta capital, fueron engañados con inexistentes promesas de trabajo y llevados al noreste colombiano donde fueron asesinados por militares activos.
A Montoya también se lo ha cuestionado por su participación en una operación militar en 2002 en Medellín, la segunda ciudad en importancia del país y a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá. Entidades no gubernamentales han dicho que en esa operación militar y de policía, conocida como Orión, se habrían cometido violaciones a los derechos humanos.
En octubre de 2008 el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares -entre ellos a tres generales- porque por acción u omisión habrían permitido muertes de civiles a manos de uniformados.
Desde entonces la Fiscalía inició una vasta investigación y estableció que más de 4.000 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», en las que los uniformados hacían pasar las muertes de civiles por bajas en operacionales militares.
Varios centenares de militares activos y retirados están siendo investigados por estos hechos.
En su informe del año pasado sobre derechos humanos en Colombia, Human Rights Watch denunció la supuesta negligencia de las autoridades colombianas para procesar a generales y coroneles señalados de haber participado en los «falsos positivos».
