Familiares de militares retirados salvadoreños arrestados con fines de extradición a España por su supuesta vinculación al asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, aseguraron este lunes que su detención es «arbitraria». «Debemos decir que el hecho por el cual están siendo acusados nuestros familiares ya fue juzgado por las leyes salvadoreñas, por lo tanto esa orden de detención que se ha emitido es a todas luces arbitraria», dijo en una rueda de prensa Carlos Mauricio Guzmán, a nombre de las familias de los militares requeridos por España.
El 5 de enero, el juez español Eloy Velasco reiteró a El Salvador y a la Interpol que seguía pendiente el arresto de 17 militares retirados a quienes se acusa del asesinato de los jesuitas, perpetrado en noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
En virtud de la orden del juez español, la Policía salvadoreña detuvo el viernes a cuatro de los 17 militares y sigue buscando a los otros. Otro fue detenido en Estados Unidos, donde residía.
Los detenidos son el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Antonio Ávalos y Tomás Zarpate, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
Juan Orlando Zepeda, hijo del general del mismo nombre que permanece prófugo, afirmó que el juez Velasco «está extralimitándose, pues debería de saber que el caso de los jesuitas es un caso lamentable, pero que la ley salvadoreña ya cerró».
«Exigimos que se respeten los derechos humanos de todos los señores militares, pues las órdenes de detención son arbitrarias», sostuvo Zepeda.
De momento, la Policía sigue en la búsqueda de otros 12 militares que se encuentran prófugos.
En Estados Unidos, una jueza de Carolina del Norte dispuso el viernes la detención del coronel Inocente Orlando Montano, tras considerar que es procedente su extradición a España.
El rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), a la cual pertenecían los sacerdotes asesinados, Andreu Oliva, dijo esperar que «los militares sean detenidos y extraditados, pues en El Salvador nunca pudimos encontrar justicia».
La matanza contra los jesuitas ocurrió en el campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989, hecho en el que también fueron asesinadas dos mujeres salvadoreñas que trabajaban como servidoras domésticas de los sacerdotes.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, pidió el sábado a los militares que siguen prófugos que se entreguen a la justicia.
