Una jueza de Guatemala resolvió hoy procesar por «homicidio culposo» al exalcalde José Antonio Coro, a causa del alud que provocó al menos 280 muertos el pasado 1 de octubre en el municipio de Santa Catarina Pinula.
La jueza Silvia Coralia Morales dijo en su resolución que, con base en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público (Fiscalía), «surge la probabilidad» de que Coro, con la omisión de información, contravino la normal penal por lo que queda ligado a proceso.
Coro, arrestado el pasado 15 de enero, está acusado de actuar de forma negligente por omitir informes que indicaban «la peligrosidad» del área afectada, ya que según la Fiscalía tenía conocimiento del riesgo que había en la zona por diversos informes estatales y municipales.
Durante su gestión, entre 2001 y 2015, el mismo solicitó un informe a la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en el que pedía una evaluación de la zona, donde ya se observaba que el cerro que más tarde se derrumbó tenía partes desprendidas.
Según Morales, titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, no hay «indicios suficientes» para otorgar «falta de mérito» al caso, tal y como pedía la defensa del exedil, por lo que corresponde «emitir auto de procesamiento por el delito de homicidio culposo».
Entre los medios de investigación presentados por la Fiscalía para ligar a proceso a Coro se encuentran los oficios entregados por la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en los que se indica que el lugar es considerado «de alto riesgo».
El Ministerio Público también presentó declaraciones testimoniales de un centenar de víctimas del derrumbe.
El alud se registró el 1 de octubre por la noche en un barrio al sureste de la Ciudad de Guatemala, situado en medio de dos pequeñas montañas, una de las cuales se derrumbó por las fuertes lluvias y enterró 125 casas a más de 25 metros de profundidad, provocando 280 muertos y unos 70 desaparecidos.
Según un informe de la Conred, fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector de El Cambray II tenía «socavación y erosión en terrenos y viviendas», debido a las crecidas del río Pinula sufridas durante varios años.
Entre las recomendaciones, el organismo instaba a la municipalidad de Santa Catalina Pinula a considerar la reubicación de la comunidad afectada «parcial o totalmente» en lugares que reunieran «condiciones aptas para viviendas».
Asentamientos como este, según habían declarado a Efe fuentes de la entidad, son consecuencia de una «migración interna» que vive Guatemala, donde la ciudadanía no tiene en cuenta las advertencias de riesgo que impiden construir en laderas o barrancos.
Por el delito de homicidio culposo, Coro podría enfrentar una pena de 3 a 8 años de cárcel.
La fiscalía, por considerar que es «un delito menor», no solicitó prisión preventiva, aunque la jueza sí decidió dictar arresto domiciliar, prohibición de salir de país, así como prohibición de acercase a la municipalidad y sus empleados o a la Conred, para no «obstaculizar la investigación».
Además, estableció una «caución económica», una fianza, de 300.000 quetzales (casi 40.000 dólares), para que Coro pueda recuperar su libertad.
Por este mismo caso, y acusado de los mismos hechos, se le solicitó antejuicio al alcalde de la municipalidad de Santa Catarina Pinula, Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso, quien asumió el cargo en febrero de 2015 y que el pasado 15 de enero renovó sus obligaciones en el puesto tras ser reelecto el pasado 6 de septiembre.
