El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, dijo el martes que no van a capturar a un grupo de militares involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y que España ha pedido extraditar, hasta que la Corte Suprema de Justicia emite una orden expresa.
Lara señaló que hay tres resoluciones de la Corte Suprema «que son un poco contradictorias y nosotros nos encontramos un poco en el limbo».
El juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura para los 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.
Velasco reclama la presencia de los militares, entre ellos varios que formaron parte de alto mando de la fuerza armada salvadoreña y eran responsables de la dirección de la institución castrense durante la guerra civil (1980 y 1992), que dejó más de 76.000 muertos, unos 10.000 desaparecidos y miles de desplazados.
Lara señaló que en 2011 la Corte Plena emitió una resolución en la que se afirmaba que la difusión roja de Interpol no equivale a una orden de captura, sino solo a localización.
También dice que la Policía no puede capturar con fines de extradición sin orden judicial y que ningún juez de la república puede decretar la detención preventiva con fines de extradición sin delegación expresa de la Corte.
En mayo de 2012, la Corte Suprema acordó denegar la solicitud de extradición porque el asesinato de los padres jesuitas fue cometido antes de que en 2000 se reformara el artículo constitucional que no permitía la extradición de los salvadoreños en ningún caso.
Pero en agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cambió de criterio y afirmó que las alerta e difusión roja emitidas por Interpol equivalen a una orden de captura.
