Debido al retraso de un mes para la compra de medicamentos antirretrovirales (ATR), –que ya generó un desabasto en al menos tres estados de la República– peligra la salud de 97 mil personas beneficiarias del Seguro Popular que reciben tratamiento para el VIH.
Sin embargo, darle celeridad a la compra de medicamentos parece no ser una prioridad para la Secretaría de Salud (Ssa), pues a pesar de que desde el 16 de abril la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para solucionar la problemática de desabasto, la licitación de compra para los medicamentos muestra que la entrega se realizará hasta julio de este año.
En entrevista el subdirector del Programa sobre Sexualidad, Salud y VIH de la CNDH, José Antonio Matus Régules, advirtió que se cometen violaciones al derecho a la protección, a la salud y hasta a la vida, ya que estos medicamentos se tienen que suministrar de manera diaria para mantener las defensas de los infectados y evitar que contraigan enfermedades por la inmunodeficiencia.
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“Los medicamentos tienen cierta efectividad si se ingieren cotidianamente, por lo que al no tomarlos diariamente el virus puede generar resistencia y volverse multidrogoresistentes, por lo que posteriormente se tendría que cambiar el fármaco por alguno más agresivo; sin embargo, éstos son más caros y pueden llegar hasta los 20 mil pesos”, indicó.
UNA MUERTE SEGURA
A su vez, el director del movimiento de Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del Instituto Mexicano del Seguro Social (DVIMSS), Luis Adrián Quiroz , subrayó la importancia de que se solucione el desabasto, ya que a las personas que no tienen recursos para adquirir estos medicamentos, “se les condena a una muerte segura”.
“La interrupción de los tratamientos conduciría a fallas terapéuticas, lo que a largo plazo representará elevados costos sociales para poblaciones que ya de por sí se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pues por ello dependen del Seguro Popular para recibir medicamentos. De igual modo, los costos económicos para el gobierno federal se incrementarán ante la necesidad de atender las fallas con cambios de tratamiento”, indicó.
Señaló que en entidades como Tamaulipas, Chiapas y Chihuahua hay personas que no han recibido medicamento desde abril, tras resaltar que es difícil cuantificar a los afectados, ya que –por la discriminación y estigma– las personas no lo hacen público.
Además indicó que ahora la compra de medicamentos la realiza la Secretaría de Hacienda, ya que antes era responsabilidad del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida). “El problema es que el proceso se ha retrasado debido a que buscan obtener mejores precios”, resaltó Quiroz.
