Teóricamente hablando, uno de los postulados básicos de la democracia representativa es el respeto al período de los funcionarios electos, el problema es que este se ignora cuando se trata de ciertos países con gobiernos progresistas que no se alinean a las políticas neoliberales; naciones como Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
La Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 consagra como elemento esencial de la democracia representativa el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho. El Estado de Derecho en Bolivia tiene reglas claras sobre la sucesión presidencial, dicha sucesión se da con base en los resultados obtenidos en unas elecciones generales, no existe otra vía, por lo tanto, lo acontecido en Bolivia el pasado 10 de noviembre tendrá que ser calificado como golpe de Estado.
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Según Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal. Este autor menciona los tres elementos de un golpe de Estado.
1. Mandato presidencial interrumpido: el período de Evo Morales terminaba en 2020.
2. Procedimiento inconstitucional: No hubo destitución parlamentaria.
3. Intervención de las fuerzas armadas: El comunicado de las Fuerzas Armadas Bolivianas pide la renuncia del presidente.
Asimismo, para el sociólogo y doctor en ciencia política Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, el asilo le da un carácter más nítido al golpe de Estado, porque confirma que la declaración policial y militar son determinantes en el derrocamiento del presidente indígena.
Ruptura de la democracia
Por lo antes expuesto, se puede concluir que con el exilio de Evo Morales se configuró una ruptura del orden democrático y una alteración del orden constitucional boliviano, lo cual se agrava con la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina y la juramentación de un gabinete de ministros de facto.
Si con todo esto no se activan los mecanismos establecidos en la Carta Democrática –incluso la suspensión—, se podría afirmar que la Organización de los Estados Americanos protege la democracia solo en aquellos países que responden a los intereses norteamericanos, lo mismo vale para la defensa de los derechos humanos, ya que se observa un irrespeto generalizado de los derechos de las comunidades indígenas, mientras tanto el silencio de la Secretaría General de la OEA se mantiene.
Se espera una condena unánime del golpe de Estado consumado y de las vejaciones dirigidas a los pueblos indígenas, pero tal parece que la comunidad internacional se quedará esperando y que la vía electoral tendrá que ser sustituida por la vía revolucionaria.
